¿Campaña sucia contra Carlos Bueno? Cinco denuncias a menos de 2 semanas de las elecciones

El panorama electoral en la capital de Santander ha dado un giro judicial inesperado a menos de dos semanas de que la ciudadanía elija a su nuevo mandatario. La atención se centra en Carlos Bueno, aspirante avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el Partido Conservador, el Mira y Colombia Justa Libres, quien enfrenta un paquete de cinco denuncias penales que aparecieron repentinamente en los registros oficiales. Aunque los documentos refieren supuestos hechos ocurridos entre 2020 y 2023, época que coincide parcialmente con su gestión en la Dirección de Tránsito, la defensa del candidato ha levantado una alerta sobre la coincidencia temporal en la radicación de estas acciones, las cuales ingresaron al sistema judicial casi simultáneamente entre el 19 y el 25 de noviembre, justo en el clímax de la actividad proselitista.

Los delitos imputados en esta ofensiva legal son de alta gravedad e incluyen acusaciones por acoso sexual, calumnia, violencia intrafamiliar y prevaricato tanto por acción como por omisión. Sin embargo, el equipo jurídico de la campaña ha detectado lo que consideran inconsistencias flagrantes que desvirtuarían la veracidad de los relatos. Uno de los puntos más controvertidos es una denuncia por prevaricato fechada en 2021; según explicó el propio Bueno, para ese año él no ostentaba la calidad de funcionario público, lo que haría jurídicamente imposible la comisión de dicho delito, evidenciando, según su postura, la fabricación de pruebas con el único fin de afectar su imagen pública.

Al profundizar en los detalles de las acusaciones de índole sexual, interpuestas por ciudadanas identificadas como Mirian Acosta y Leidy Caterin Montes, el candidato fue enfático en asegurar que desconoce totalmente a dichas personas. La defensa argumenta que los supuestos intercambios de mensajes se habrían realizado mediante la aplicación Signal, una plataforma que Bueno asegura nunca haber utilizado, pues su comunicación se limita a WhatsApp. Además, una revisión preliminar del material probatorio sugiere que las denuncias se basan en testimonios anónimos sin soportes físicos, aprovechando la característica de los mensajes temporales para justificar la ausencia de evidencia digital rastreable.

Dentro del abanico de querellas figura un caso particular impulsado por el veedor Ramiro Vásquez, relacionado con un incidente vial que involucró a Leonard David Entralgo Gómez. Este episodio, recordado en la ciudad porque Entralgo intentó embestir a las autoridades de tránsito en el sector de Cabecera, ha sido tergiversado según la versión del candidato. Mientras la denuncia actual señala que Bueno habría exigido una millonaria suma de 100 millones de pesos para omitir reportes, el exdirector de Tránsito recordó que fue él quien denunció el intento de soborno original y que el conductor implicado fue posteriormente capturado por la DEA, vinculado a redes de lavado de activos y narcotráfico internacional, lo que resta credibilidad a la versión del veedor.

Ante esta oleada de señalamientos, que se suman a ataques previos sobre la validez de sus títulos académicos y presuntos nexos con grupos armados, Carlos Bueno ha decidido contraatacar en los estrados judiciales. El aspirante confirmó que ya instauró las respectivas denuncias por falsa denuncia contra los autores de estos escritos, reiterando que se trata de un complot de dos campañas rivales —sin especificar nombres— que buscan frenar su ascenso mediante el vandalismo a sus sedes y el desprestigio moral. Ahora, la pelota está en el campo de la Fiscalía, entidad a la que se le ha solicitado celeridad para esclarecer la procedencia de estas acusaciones antes de que se abran las urnas.