Contraloría detectó irregularidades en contratos entre la UIS y Juliana Guerrero

La Contraloría General de Santander reveló presuntas irregularidades en dos contratos firmados entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y Juliana Guerrero durante las vigencias 2023 y 2024, en el marco de un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior. El objetivo de esos acuerdos era brindar apoyo técnico y operativo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, una estrategia orientada a fortalecer la convivencia ciudadana y prevenir conflictos.

Los contratos, identificados con los números 306-2023 y 113-2024, fueron objeto de una auditoría en la que el ente de control fiscal examinó su planeación, ejecución y supervisión. El informe concluye que existieron deficiencias en la estructuración del perfil requerido, así como falencias en la documentación que debía respaldar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Hasta el momento, ni la UIS ni Juliana Guerrero se han pronunciado públicamente frente a los señalamientos.

Uno de los puntos centrales del informe se relaciona con la redacción del perfil contractual. Según la Contraloría, la utilización de la expresión “persona natural y/o profesional” resultó ambigua, al no establecer con claridad requisitos de formación académica, experiencia específica ni competencias técnicas. Para los auditores, esta falta de precisión dificulta verificar que la selección se haya sustentado en criterios objetivos, incluso tratándose de un proceso de contratación directa.

El documento también advierte que, aunque en los estudios previos se afirmó que la contratista cumplía con las condiciones necesarias para ejecutar el objeto contractual, no se hallaron soportes suficientes que demostraran cómo se llegó a esa conclusión. En consecuencia, el ente de control señala limitaciones en la trazabilidad del proceso y en la motivación formal de la contratación.

En cuanto a la ejecución, la auditoría detectó vacíos en la supervisión y ausencia de evidencias que acrediten plenamente el desarrollo de las actividades pactadas. Si bien los supervisores designados certificaron el cumplimiento, no se encontraron entregables específicos ni soportes detallados que permitieran corroborar las tareas realizadas. Además, los informes presentados habrían sido generales y sin desglose puntual de actividades.

Como resultado de la revisión, la Contraloría estableció cinco hallazgos administrativos, dos con posible incidencia disciplinaria y uno de carácter fiscal por un monto total de dos millones de pesos, distribuidos entre ambos contratos. Los presuntos responsables señalados incluyen a los supervisores y a Juliana Guerrero. El ente de control indicó que las dependencias competentes deberán adelantar planes de mejoramiento para fortalecer los mecanismos de control interno.

Este nuevo informe se suma a la controversia pública que rodea a Juliana Guerrero en los últimos meses. Su nombre cobró notoriedad en 2025, cuando fue postulada como candidata a viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad. La designación generó cuestionamientos sobre la validez de sus títulos académicos expedidos por la Fundación Universitaria San José.

Las dudas surgieron tras denuncias que señalaban presuntas inconsistencias en el cumplimiento de requisitos académicos, entre ellos la presentación del examen Saber Pro. Posteriormente, se conocieron informes sobre pagos de matrícula y derechos de grado efectuados con posterioridad a la fecha en que se habrían expedido los diplomas, lo que dio lugar a investigaciones formales.

En ese contexto, la Fiscalía General de la Nación anunció que en febrero de 2026 imputará cargos a Juliana Guerrero y al exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, por delitos como fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El ente acusador solicitará medida de aseguramiento domiciliaria, al considerar que existiría riesgo de obstrucción a la justicia.

De manera paralela, también han surgido cuestionamientos sobre otros episodios relacionados con el uso de recursos públicos en desplazamientos oficiales y su participación en instancias directivas universitarias, situaciones que han incrementado el debate público en torno a su trayectoria.

La Contraloría de Santander subrayó que los hallazgos detectados en los contratos con la UIS refuerzan la necesidad de robustecer los controles en la contratación estatal, con el fin de garantizar transparencia y una adecuada administración de los recursos públicos.