El poder del megacontratista de Santander se extiende a la Contraloría

El bloqueo jurídico que mantiene suspendida la elección del nuevo contralor de Santander no solo prolongó una interinidad administrativa, sino que derivó en un escenario altamente sensible para la transparencia institucional. Hoy, la Contraloría departamental opera bajo la dirección encargada de una funcionaria cuya relación familiar con un influyente contratista regional despierta inquietudes sobre la independencia del organismo.

María Alejandra Ramírez asumió como contralora encargada en medio de una cadena de decisiones administrativas adoptadas en los últimos días del excontralor Reynaldo Mateus. Su llegada coincidió con la imposibilidad legal de avanzar en la elección del titular, lo que le otorga plenas facultades para auditar a la Gobernación y a las entidades descentralizadas del departamento, pese a no haber sido elegida por la Asamblea.

Lo que ha encendido las alarmas no es solo la interinidad, sino el contexto que rodea su nombramiento. Ramírez pertenece al círculo familiar del empresario Julián Serrano Gómez, reconocido en Santander como uno de los mayores contratistas del sector de infraestructura y un actor con amplia influencia política y electoral en varios municipios del área metropolitana.

El vínculo no es menor. La contralora encargada es esposa de Óscar Julián Moreno Hernández, primo de la esposa de Serrano. Además, la cercanía entre ambas familias es visible en escenarios sociales y encuentros recurrentes, lo que ha llevado a sectores políticos y administrativos a cuestionar si existe un conflicto de intereses latente en una entidad que debe vigilar contratos públicos, varios de ellos ejecutados por empresas asociadas al contratista.

El riesgo institucional radica en que la Contraloría tiene competencia directa sobre entidades que han contratado o podrían contratar con Serrano Gómez. En un departamento donde la contratación pública ha sido históricamente un botín de poder, la percepción de falta de independencia del órgano de control amenaza con debilitar la confianza ciudadana en la vigilancia fiscal.

A esto se suma que Serrano no es un actor ajeno a la política regional. Su historial como financiador de campañas y su cercanía con alcaldes y dirigentes locales le han permitido consolidar una posición de poder que trasciende lo empresarial. En ese contexto, la relación con la cabeza encargada del control fiscal resulta, como mínimo, inconveniente.

Desde la Contraloría, Ramírez ha negado que su parentesco o cercanía con Serrano haya influido en su nombramiento o tenga incidencia en sus decisiones. Ha sostenido que su designación obedece exclusivamente a su perfil profesional. Sin embargo, expertos en control fiscal advierten que, aun sin una actuación irregular comprobada, la sola apariencia de conflicto afecta la legitimidad del ejercicio de control.

El trasfondo de esta situación es un proceso de elección de contralor empantanado por demandas, medidas cautelares y recusaciones que mantienen paralizada a la Asamblea departamental. Mientras los tribunales no resuelvan de fondo, la interinidad se prolonga y con ella el poder de decisión de la actual contralora encargada.

En un departamento donde los grandes contratos de infraestructura mueven miles de millones de pesos y definen alianzas políticas, la cercanía entre quien vigila y quien contrata se convierte en una señal de alerta. El caso de la Contraloría de Santander evidencia cómo un vacío institucional puede convertirse en una oportunidad para que intereses privados rodeen, influyan o, al menos, generen sombras sobre un organismo que debería ser autónomo e independiente.