¿Revivirán en Bucaramanga los cobros por el uso del espacio público con fines comerciales?

La Alcaldía de Bucaramanga estudia la posibilidad de revivir los contratos por el uso o aprovechamiento del espacio público con fines comerciales o de ventas, mediante una nueva regulación que actualmente se encuentra en etapa de formulación.

De aprobarse esta normativa, las personas naturales o jurídicas que pretendan realizar actividades económicas en espacios públicos de la ciudad deberán solicitar autorización previa al Municipio, cumplir con los requisitos establecidos y pagar una contraprestación económica por el uso del área que deseen ocupar y explotar.

El proyecto fue publicado en el portal web oficial del Municipio, donde las autoridades dieron a conocer un proyecto de decreto que establece las condiciones y parámetros de esta iniciativa. Los ciudadanos podrán enviar comentarios y propuestas hasta este viernes 6 de febrero.

Se trata de una regulación que, hasta ahora, es desconocida para gran parte de la ciudadanía. Vanguardia intentó obtener la opinión de concejales y líderes cívicos, quienes señalaron no tener conocimiento del proyecto. De igual manera, se buscó un pronunciamiento de la Alcaldía de Bucaramanga, sin éxito. Al cierre de esta publicación, se informó que el gobierno municipal se pronunciará este viernes.

Antecedentes y modalidades propuestas

En Bucaramanga ya existe un antecedente de este tipo de regulación. Durante la administración del entonces alcalde Rodolfo Hernández, se intentó suscribir contratos con vendedores informales por valores que oscilaban entre $100.000 y $850.000 anuales. No obstante, la iniciativa no prosperó: en 2019 solo se firmaron 179 contratos, y posteriormente fue objeto de demandas judiciales y requerimientos del Ministerio Público. Entidades como la Personería señalaron que la medida “contravino abiertamente la Constitución Política”.

Ahora, bajo el gobierno del alcalde Cristian Portilla, el proyecto de decreto plantea dos modalidades para el aprovechamiento económico del espacio público:

Acto administrativo de autorización u ocupación temporal, destinado a usos especiales de corta o mediana duración, con baja o media complejidad, en los que se exige contraprestación, mitigación y restitución del espacio.

Contrato estatal para administración, mantenimiento y/o aprovechamiento económico, de carácter excepcional, aplicable cuando el proyecto requiera operación continuada, instalación de infraestructura o regulación de obligaciones reforzadas, garantías y supervisión.

El documento aclara que estos cobros estarían dirigidos a empresas, negocios, emprendimientos y personas que necesiten usar el espacio público para actividades económicas, y no precisa que la medida se aplicará a vendedores informales o ambulantes.

Asimismo, se contempla la posibilidad de entregar para aprovechamiento espacios como parques, plazas, plazoletas, alamedas, senderos, zonas verdes, corredores peatonales, andenes, ciclorrutas, separadores, bermas, puentes peatonales y componentes de la red vial, siempre que exista compatibilidad urbanística, ambiental, de movilidad y seguridad, y se garantice la accesibilidad universal.

¿Cuánto se cobraría?

Desde el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) se propuso una fórmula matemática para calcular el valor del cobro, teniendo en cuenta el tamaño del espacio, su ubicación, el salario mínimo mensual vigente y el estrato del entorno.

El Factor de Estrato del Entorno (FE) se definiría así:

Estratos 1 y 2: FE = 0,50 (50 % del salario mínimo diario legal vigente).

Estratos 3 y 4: FE = 0,75 (75 % del salario mínimo diario).

Estratos 5 y 6: FE = 1,00 (100 % del salario mínimo diario).

Finalmente, el proyecto de decreto establece que estos actos y contratos no generan gasto público, sino que se constituyen como fuente de ingresos para la administración municipal, y aclara que no confieren derechos reales ni transfieren dominio. Las autorizaciones serán temporales, precarias y revocables, por razones de interés general y con respeto al debido proceso.