Entretenimiento - Julio 24 de 2026 - 07:15 PM

La Fiscalía imputa cargos por presunto abuso sexual al cantante vallenato Churo Díaz

La Fiscalía imputó cargos al cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, 'Churo' Díaz, por presunto abuso sexual a una menor de edad que estuvo bajo su cuidado, hija de su expareja Beatriz Castro. El artista rechazó los cargos alegando extorsión mientras la justicia define las etapas del proceso.

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La Fiscalía General de la Nación formalizó este miércoles 23 de julio la imputación de cargos contra el reconocido intérprete de música vallenata Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido en el ámbito artístico como 'Churo' Díaz. El proceso penal que cursa en contra del cantante guajiro obedece a su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra una menor de edad, en hechos que habrían ocurrido años atrás en el entorno familiar del artista.

La diligencia judicial se llevó a cabo ante la Fiscalía 16 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna). Por orden del despacho y en estricto cumplimiento de la normativa legal colombiana que salvaguarda los derechos de las víctimas menores de edad, la audiencia se desarrolló de manera virtual y bajo absoluta reserva procesal. Una vez concluida la etapa de imputación de cargos por parte del ente acusador, las audiencias preliminares fueron suspendidas, quedando a expensas de la fijación de nuevas fechas por parte del centro de servicios judiciales para resolver la situación jurídica del procesado.

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Aunque el organismo de control penal no ha revelado pormenores del expediente debido a la restricción legal sobre información confidencial en casos que involucran a menores, trascendió que las pesquisas se concentran en episodios ocurridos cuando la víctima se encontraba bajo la custodia del artista. La presunta víctima sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida popularmente en el folclor vallenato como 'Mama Beatri', quien sostuvo una relación sentimental con Díaz Lafaurie en la época en la que se habrían registrado las conductas punibles.

La posición del artista e historial judicial

La imputación formal por parte del ente de control se produjo apenas una semana después de que se hiciera pública la citación judicial en contra del cantante nacido en Urumita, La Guajira. Frente a los sealamientos, Jorge Iván Díaz Lafaurie se pronunció por primera vez el pasado 17 de julio durante una presentación musical en vivo. Ante sus seguidores, el artista negó categóricamente las acusaciones, asegurando que el proceso responde a supuestos intereses económicos deshonestos en su contra. De igual forma, aseveró que no se dejará extorsionar ni estafar, señalando que confía en que las instancias judiciales, y no la opinión pública en redes sociales, aclaren la situación.

Este nuevo frente judicial revive los antecedentes legales que rodearon al músico en el año 2018, cuando fue capturado por agentes del CTI en el marco de las investigaciones del denominado caso 'Costa Azul'. En aquel expediente, la Fiscalía lo vinculó a una presunta red de estafas inmobiliarias liderada por su entonces pareja, Beatriz Isabel Castro Pérez, representante legal de la empresa Asesores Inmobiliarios y Jurídicos Costa Azul S.A.S. En su momento, las autoridades sostuvieron que parte de los dineros defraudados a cientos de víctimas habrían servido para financiar la carrera musical del cantante y la compra de inmuebles, ganado y vehículos de alta gama, proceso tras el cual Díaz logró retomar sus giras y conciertos en la región Caribe y el país.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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