Tres de las cuatro víctimas de presunto acoso desistieron del juicio contra Jorge Alfredo Vargas

La investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el reconocido presentador de televisión Jorge Alfredo Vargas dio un giro determinante durante la audiencia de imputación de cargos realizada este martes 4 de agosto de 2026. Tres de las cuatro mujeres que figuraban como presuntas víctimas anunciaron formalmente su decisión de retirarse del proceso judicial y manifestaron su voluntad de no declarar en un eventual juicio contra el comunicador.

La novedad se dio a conocer en medio de la diligencia judicial encabeza por la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández, quien confirmó la recepción de un oficio firmado por las tres mujeres. Según el documento —revelado por el periodista Daniel Coronell en el espacio Reporte Coronell de Caracol Radio—, las firmantes renunciaron explicitamente a ser representadas por apoderados particulares o por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, aclararon ante la delegada del ente investigador que nunca interpusieron denuncias de carácter penal contra Jorge Alfredo Vargas, argumentando que sus acciones se limitaron a un reclamo de índole laboral ante las directivas de Caracol Televisión, trámite interno que consideraron resuelto de manera satisfactoria.

Pese al desistimiento del trío de denunciantes, una cuarta presunta víctima ratificó su decisión de continuar dentro del proceso y designó como su abogada defensora a la jurista Ana Bejarano Ricaurte. Durante el desarrollo de la audiencia, tanto Bejarano como la fiscal Patricia Hernández solicitaron la reserva de la diligencia y la anonimización de la identidad de las involucradas para proteger su intimidad. Si bien la jueza del caso, María Teresa Santacruz, decretó la reserva formal de las sesiones futuras, dispuso que las identidades de las presuntas víctimas debían ser conocidas por el imputado y su equipo de defensa, conformado por la exvicefiscal general María Paulina Riveros y el abogado penalista Juan David Bazani.

Frente a la negativa de la abogada Ana Bejarano de revelar el nombre de su representada —argumentando que el poder otorgado no la facultaba para hacerlo—, la jueza Santacruz le ordenó abandonar la sala de audiencias. Acto seguido, la fiscal Hernández procedió con la formulación e imputación del delito de presunto acoso sexual contra Jorge Alfredo Vargas, cargo que el presentado no aceptó.

A pesar de que el retiro de las tres mujeres deja a una sola denunciante activa, la investigación penal no puede ser archivada de forma automática. Debido a que el delito de acoso sexual no es de naturaleza querellable en el ordenamiento jurídico colombiano, la Fiscalía mantiene la obligación constitucional de agotar la etapa investigativa y evaluar la presentación de un escrito de acusación. No obstante, expertos en materia penal señalan que si la única denunciante activa decide retirarse o no comparecer al juicio, el ente acusador se quedaría sin elementos probatorios directos para sustentar una acusación, lo que tornaría inviable una eventual condena.

Tras la diligencia, Jorge Alfredo Vargas se pronunció públicamente por primera vez a través de un video difundido en sus redes sociales, reafirmando su inocencia: “Solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto. Durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra”, aseveró el periodista.

El caso se remonta al 13 de marzo de 2026, fecha en que tres periodistas y una pasante de Caracol Noticias radicaron una queja ante el Departamento de Gestión Humana del canal. Dicho trámite motivó un comunicado interno la empresa el 20 de marzo y el posterior retiro de la compañía, el 24 de marzo, de Jorge Alfredo Vargas y del periodista deportivo Ricardo Orrego. Posteriormente, el 26 de marzo, la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, encabezó una inspección al canal de televisión para retirar los archivos del área de gestión humana. Los documentos de la actuación administrativa fueron remitidos por el Ministerio de Trabajo a la Fiscalía General de la Nación, donde la fiscal general Luz Adriana Camargo conformó un grupo especial de fiscales para asumir el expediente.