Judicial - Septiembre 11 de 2026 - 05:39 PM

A prisión 23 de ‘Los Necios’, señalados de vender droga en parques y colegios de Santander

Un operativo contra el tráfico local de estupefacientes terminó con 23 personas judicializadas en Santander. Según la Fiscalía, estarían involucradas en la comercialización de drogas al menudeo en Barbosa, Vélez y Puente Nacional, incluso en el parque principal de Barbosa y en entornos deportivos y educativos.

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Un total de 23 personas fueron judicializadas por su presunta participación en la comercialización de estupefacientes en Barbosa, Vélez y Puente Nacional, Santander. La Fiscalía General de la Nación las presentó ante un juez de control de garantías por hechos relacionados con el tráfico local de sustancias ilegales.

Según la investigación, los procesados estarían involucrados en la distribución de drogas al menudeo, especialmente en el parque principal de Barbosa y en entornos deportivos y educativos. Las autoridades buscan establecer el alcance de las actividades que presuntamente desarrollaban en estos municipios.

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20 allanamientos en Santander

Las capturas fueron posibles durante 20 diligencias de allanamiento realizadas de manera coordinada por la Fiscalía, la Policía y el Ejército. Los procedimientos se concentraron en sectores como Villa Paz, Villa María, Marsella, Carlota, Palmas del Río y Gaitán, en Barbosa, además de las veredas Cristales y Buenavista, entre otros puntos.

Durante los operativos fueron incautadas diferentes cantidades de marihuana, cocaína y anfetaminas, cuyo valor, según la Fiscalía, superaría los $20 millones. También fueron encontrados teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para dosificar las sustancias.

La Fiscalía imputó a los 23 procesados, de acuerdo con su eventual participación, cargos relacionados con tráfico, porte y comercialización de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos y, por decisión judicial, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso en su contra.

Publicado por Redaccion judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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