Judicial - Septiembre 25 de 2026 - 04:53 PM

"Araña, bienvenido a la Patria Milagro": De la Espriella ordena extraditar al sanguinario cabecilla de las Farc

Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', fue entregado a la Interpol tras avalarse su extradición por la Corte Suprema. El Gobierno enfatizó que no habrá acuerdos de paz para narcotraficantes y pidió a la justicia norteamericana imponer penas severas sin beneficios al exlíder disidente de las FARC.

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En un procedimiento oficial ejecutado desde la base aérea del Catam en Bogotá y con escala técnica en Barranquilla, agentes de la Interpol entregaron a miembros de los Marshals y de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos al procesado Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’. El traslado definitivo del máximo cabecilla de la estructura armada Comandos de la Frontera —facción disidente que estuvo articulada a la Segunda Marquetalia de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’— se hizo efectivo tras la firma de la orden de extradición dictada a comienzos de septiembre de 2026 por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. El operativo de entrega formalizó la reactivación del requerimiento judicial interpuesto por la Corte del Distrito Sur de California por los delitos de narcoterrorismo, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

La extradición de Rojas se materializó luego de que el actual Ejecutivo diera por terminadas las mesas de diálogo y los esquemas de suspensión de órdenes de captura vigentes durante el mandato de Gustavo Petro. Bajo la administración saliente, el entonces comisionado de paz Otty Patiño había solicitado frenar el trámite de extradición en febrero de 2025 tras la detención del procesado en un hotel del norte de Bogotá, catalogando el operativo como una afectación al proceso con la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano del Pueblo.

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No obstante, la actual política de seguridad gubernamental —denominada la 'Era del Tigre'— revocó los amparos políticos a los jefes de las organizaciones dedicadas al tráfico transnacional de drogas, alcanzando un acumulado de 94 extradiciones ejecutadas. Durante el acto administrativo, el primer mandatario ratificó además la instrucción a las Fuerzas Armadas para reiniciar la aspersión y fumigación aérea sobre las más de 360.000 hectáreas de cultivos de coca en el territorio nacional, advirtiendo acciones legales ante la justicia norteamericana contra funcionarios o particulares que obstaculicen dichas maniobras.

De manera paralela al proceso de extradición, la Fiscalía General de la Nación le imputó recientísimamente a alias ‘Araña’ nuevos cargos por su presunta responsabilidad en 13 ataques armados perpetrados entre 2020 y 2024 en el departamento del Caquetá. Las indagaciones del ente acusador lo señalan como determinador de los homicidios de 16 personas en los municipios de Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania.

Entre las víctimas fatales figuran cuatro líderes sociales —como María Isabel Ramos Álzate, acribillada el 2 de diciembre de 2023 en Solita—, cinco firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 —incluyendo a Jorge Riaño Ramos, ultimado el 15 de noviembre de 2020 en Florencia— y siete civiles atacados por oponerse al control territorial de los Comandos de la Frontera sobre las rutas de la pasta base de coca. Pese a que Rojas no aceptó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La salida del país de alias 'Araña' generó un impacto inmediato en la dinámica operativa de los grupos disidentes en el sur del país. Un despacho judicial ordenó suspender temporalmente el proceso de cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) establecida en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, espacio concebido para la concentración inicial de 99 combatientes de los Comandos de la Frontera.

Tras el anuncio del desmantelamiento de la ZUT por parte del Gobierno Central, cerca de 60 exintegrantes que permanecían en el predio solicitaron formalmente asilo político ante las representaciones diplomáticas de Cuba, Venezuela y Noruega. A través de su vocero en la zona, identificado bajo el seudónimo de 'Rigoberto' o 'El Paisa', los excombatientes rechazaron la propuesta de sometimiento a la justicia ordinaria planteada por el Ministerio de Justicia.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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