Judicial - Julio 15 de 2026 - 09:20 AM

Cayó en Bucaramanga y otras cinco ciudades banda dedicada a estafar por Whatsapp

La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a 16 presuntos integrantes de la organización "Los Cyber", señalada de hurtar más de $1.685 millones a 94 víctimas en diez departamentos. Mediante engaños por WhatsApp obtenían acceso a cuentas bancarias. En los allanamientos fueron incautados dinero, tarjetas, celulares y computadores.

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Una investigación de varios meses permitió a las autoridades desarticular una organización señalada de cometer millonarios fraudes informáticos mediante el robo de información personal y el acceso ilegal a cuentas bancarias de decenas de ciudadanos en diferentes regiones del país. La operación dejó 16 personas capturadas y puso fin a las actividades de una estructura criminal conocida como “Los Cyber”, que, según las autoridades, habría obtenido más de 1.685 millones de pesos de manera ilícita.

El operativo fue liderado por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Risaralda, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Como resultado de las labores investigativas, fueron ejecutadas 16 órdenes de captura que permitieron afectar la totalidad de la organización delincuencial.

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Las acciones judiciales se desarrollaron de manera simultánea en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Soacha, en Cundinamarca, así como en el municipio de Filandia, Quindío. De acuerdo con la información oficial, la red era presuntamente dirigida por un hombre conocido con el alias de “Ralf”, señalado de coordinar las actividades ilícitas del grupo.

En desarrollo del operativo también fueron practicadas seis diligencias de registro y allanamiento en inmuebles que, según las investigaciones, eran utilizados por los integrantes de la organización para ejecutar sus actividades criminales y almacenar elementos relacionados con los fraudes electrónicos.

Las autoridades establecieron que esta estructura habría logrado apoderarse de más de 1.685 millones de pesos mediante maniobras fraudulentas dirigidas contra 94 ciudadanos ubicados en Santander, Risaralda, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Nariño, Quindío, Meta y Bolívar. El dinero era extraído de las cuentas bancarias de las víctimas luego de obtener de forma ilegal sus datos personales y credenciales de acceso.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación señala que cerca del 85 % de las personas afectadas tenían más de 50 años de edad, población que, según las autoridades, fue seleccionada por los delincuentes para ejecutar con mayor facilidad la modalidad de engaño utilizada.

El método empleado por la organización se basaba en técnicas de ingeniería social. Los presuntos responsables contactaban a las víctimas a través de la aplicación WhatsApp, haciéndose pasar por representantes de entidades bancarias o funcionarios de diferentes instituciones. Durante la conversación convencían a los ciudadanos de compartir la pantalla de sus teléfonos celulares.

Con esa información obtenían acceso a claves personales, códigos de verificación y demás credenciales necesarias para ingresar a las aplicaciones bancarias. Una vez tenían el control de las cuentas, realizaban transferencias y retiros del dinero sin autorización de los titulares.

Las investigaciones permitieron establecer que las actividades delictivas fueron desarrolladas entre junio de 2025 y marzo de 2026. En ese periodo, los investigadores recopilaron suficientes elementos materiales probatorios para vincular 34 noticias criminales relacionadas con esta organización, de las cuales 16 corresponden a hechos denunciados por víctimas del departamento de Risaralda.

Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades incautaron siete millones de pesos en efectivo, 35 tarjetas bancarias, 22 teléfonos celulares, cinco tarjetas SIM, cuatro computadores portátiles y seis memorias USB. Todos estos elementos serán sometidos a análisis forense con el propósito de fortalecer el proceso judicial y obtener nuevas evidencias que permitan esclarecer el alcance de las actividades de la organización criminal.

Con este operativo, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación consideran haber asestado un importante golpe contra las redes dedicadas al cibercrimen y reiteraron el llamado a la ciudadanía para desconfiar de mensajes, llamadas o contactos que soliciten compartir la pantalla del celular, entregar claves o suministrar códigos de seguridad relacionados con productos financieros.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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