Judicial - Mayo 07 de 2022 - 06:45 PM

Con obituarios y hasta balas, amenazan a fotógrafo y activista Santandereano

El fotógrafo, abogado y activista Adolfo Herrera, denuncia serías amenazas contra su vida y la de su familia que lo han obligado decidir abandonar el país. Conozca los detalles de las aterradoras amedrentaciones.

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En un despacho de la Fiscalía de Bucaramanga ya reposa la denuncia interpuesta por el fotógrafo, abogado y activista y Santandereano Adolfo Herrera, quien ha venido recibiendo amenazas directas contra su vida y la de su familia. Situación que lo llevó a tomar la decisión de abandonar el país.
Según contó a Késedice, Herrera comenzó a recibir las amenazas a finales del año pasado en su trabajo en la Inspección de Policía Número 11 de Bucaramamga a dónde comenzaron a llegar una serie de panfletos en los que lo amenazaban supuestamente por supuestamente prometer y no cumplir en actos políticos.
“En un principio pensé que la cosa era un chiste de muy mal gusto, pero lo dejamos pasar y ya esta año la cosa trascendió”, explicó ‘Click', cómo conocen a Adolfo.
Sin embargo, las amenazas continuaron relacionadas con su activismo político y las campañas al congreso con las que estuvo vinculado este año.
“Nuestra labor es apoyar o impulsar la candidatura de los candidatos, pero en ningún momento recae sobre nosotros si el candidato gana o no gana. Nosotros llevamos un mensaje. Y uno de esos mensajes ha sido la defensa del Páramo de Santurbán y estar en contra del Fracking en Barrancabermeja. Pero llegó Semana Santa y a la casa de mis padres llegó un sobre con cuatro tiros de fusil con la cara de cada uno de mis familiares”.
 Está situación, además de unos obituarios con su nombre elevaron las alarmas, por lo que todo fue puesto a disposición de las autoridades para garantizar su seguridad y la de su familia e indagar sobre el origen de las amenazas.
“Esto está pasando a mayores, temo por mi vida. Me tocó sacar a mi familia de la casa y a mí me tocó abandonar el país”.

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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