Judicial - Mayo 08 de 2026 - 05:09 PM

Desarticulan facción de “Los de la M” dedicada a extorsionar comerciantes en Santander

El GAULA capturó a alias “Mike” y “Gamarra” por extorsionar a comerciantes en Barrancabermeja. Los sujetos exigían pagos de hasta un millón de pesos y atacaban locales en la comuna 3.

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El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) del Departamento de Policía Magdalena Medio ha propinado un impacto severo a las finanzas y la estructura operativa de la organización criminal conocida como “Los de la M”. El despliegue, desarrollado en el corazón del distrito especial de Barrancabermeja, Santander, permitió la captura mediante orden judicial de dos individuos identificados con los alias de “Mike” y “Gamarra”. Este resultado institucional se complementó con la imputación de nuevos cargos contra otro presunto integrante del grupo, conocido en el mundo delictivo como alias “El del Poncho”, quien ya se encontraba bajo custodia.


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Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional revelan un patrón de criminalidad sistemática que mantenía bajo asedio a los sectores productivos de la región. Según el expediente judicial, los hoy procesados utilizaban amenazas directas e intimidaciones violentas para someter a comerciantes y ciudadanos residentes en Barrancabermeja. El "portafolio" criminal de la banda incluía la exigencia de cuotas extorsivas periódicas que fluctuaban entre los 200 mil y el millón de pesos. Estos cobros ilegales eran presentados bajo la fachada de supuestos servicios de seguridad o simplemente como una imposición para permitir el ejercicio de actividades comerciales en la zona.


El brazo violento de esta facción se concentraba especialmente en la comuna 3 del puerto petrolero. Las autoridades establecieron que alias “Mike”, “Gamarra” y “El del Poncho” estarían detrás de múltiples ataques directos contra establecimientos comerciales cuyos propietarios se resistían a ceder ante las presiones económicas de la estructura. Estos atentados no solo generaron daños materiales, sino que instauraron un clima de zozobra entre los habitantes del sector. El prontuario de los implicados es extenso, destacándose el caso de “El del Poncho”, quien acumula 17 anotaciones judiciales por delitos que van desde violencia intrafamiliar y hurto, hasta porte y tráfico de estupefacientes.


Tras la legalización de sus capturas, los procesados deberán enfrentar a la justicia por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir, cargos que podrían acarrear penas severas dada la naturaleza recurrente de sus acciones. La Policía Nacional ha enfatizado que esta ofensiva hace parte de una estrategia integral para recuperar la tranquilidad en los barrios más afectados por el crimen organizado. Con la desarticulación de este núcleo operativo, se espera una reducción significativa en los índices de victimización económica en el Magdalena Medio.


Finalmente, el Departamento de Policía Magdalena Medio hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que no guarden silencio frente a las presiones de grupos delincuenciales. Bajo el lema institucional de lucha contra el secuestro y la extorsión, se recordó que la línea gratuita 165 del GAULA permanece habilitada las 24 horas del día para recibir denuncias bajo absoluta reserva. La cooperación de la comunidad, según el alto mando policial, sigue siendo el insumo más valioso para erradicar definitivamente las estructuras que pretenden lucrarse mediante el miedo y la coacción en Santander.

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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