Diez presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Juegos Macabros’ fueron enviados a prisión por orden judicial tras una investigación que los relaciona con tráfico de estupefacientes, homicidios selectivos y tentativas de asesinato en San Gil, Valle de San José y Charalá. Las autoridades estiman que la estructura obtuvo ganancias superiores a los 1.100 millones de pesos desde junio de 2025.
Una estructura criminal señalada de controlar el tráfico local de estupefacientes y de estar vinculada a varios hechos violentos en el sur de Santander fue impactada por las autoridades tras un operativo conjunto que permitió la judicialización de diez de sus presuntos integrantes.
La medida fue adoptada por un juez con función de control de garantías, quien, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenó el envío a centro carcelario de los procesados, señalados de pertenecer al grupo de delincuencia organizada conocido como ‘Los Juegos Macabros’.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, esta organización habría venido desarrollando actividades ilícitas desde junio de 2025 en municipios como San Gil, Valle de San José y Charalá, donde presuntamente consolidó una red dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes y al control de territorios para la ejecución de diferentes actividades criminales.
Los elementos recopilados durante la investigación indican que la estructura no solo estaría relacionada con el tráfico de drogas, sino también con hechos de violencia registrados en la provincia Guanentina.
Según la Fiscalía, los hoy procesados tendrían presunta participación en al menos dos homicidios selectivos y tres tentativas de homicidio ocurridas en San Gil entre octubre de 2025 y febrero de 2026, acciones que estarían relacionadas con disputas por el control de zonas utilizadas para la distribución de sustancias ilícitas.
Las autoridades establecieron que la organización habría obtenido ganancias superiores a los 1.100 millones de pesos producto de las actividades ilegales que desarrollaba en esta región del departamento.
Las investigaciones permitieron determinar además que los estupefacientes eran adquiridos en Bucaramanga y posteriormente trasladados hacia los municipios donde operaba la estructura criminal.
Para evitar controles de las autoridades, el transporte de las sustancias se realizaría en motocicletas y durante altas horas de la noche, utilizando diferentes rutas para reducir el riesgo de ser detectados por los organismos de seguridad.
Una vez llegaban a los municipios de destino, los integrantes de la organización presuntamente coordinaban la distribución de las sustancias mediante un sistema de venta a domicilio, utilizando contactos telefónicos previamente establecidos con los consumidores.
Los operativos que permitieron las capturas fueron ejecutados de manera coordinada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Las acciones judiciales incluyeron nueve diligencias de allanamiento y registro realizadas en diferentes sectores del municipio de San Gil, donde las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios y lograron la ubicación de los presuntos integrantes de la organización.
Tras las capturas, la Fiscalía presentó a los diez investigados ante un juez de control de garantías y les imputó cargos relacionados con concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes.
Durante las audiencias judiciales, los procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
Con esta actuación judicial, las autoridades buscan debilitar las estructuras criminales que tienen injerencia en la provincia Guanentina y avanzar en el esclarecimiento de hechos violentos que han afectado la seguridad y la convivencia en varios municipios del sur de Santander.
La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas capturas o actuaciones judiciales relacionadas con esta organización criminal.
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