Envían a prisión a presunto responsable de feminicidio en Girón
Una mujer de 30 años fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental en el asentamiento humano Altos de Andina, en el municipio de Girón, Santander, en hechos ocurridos el 21 de agosto de 2025.
Tras el avance de la investigación, un juez de control de garantías ordenó en los últimos días medida de aseguramiento en centro carcelario contra el señalado agresor, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que lo acusa de feminicidio agravado por un historial previo de violencia, amenazas y uso de armas para intimidar a la víctima.
El caso de violencia extrema que sacudió a Girón volvió a escena judicial tras la decisión de un juez que envió a prisión al presunto responsable del feminicidio de Diana Marcela Sánchez Galindo ocurrido en el asentamiento Altos de Andina. La medida se adoptó luego de que la Fiscalía expusiera los elementos probatorios que vinculan al hombre con el ataque que terminó con la vida de una joven de 30 años.
De acuerdo con la investigación, el procesado mantenía una relación sentimental con la víctima y, antes del crimen, la habría sometido a un patrón continuo de maltrato físico y psicológico. Las autoridades establecieron que no se trató de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada que fue escalando hasta desembocar en el ataque mortal.
Los hechos que motivaron la judicialización se registraron el 21 de agosto de 2025. Ese día, en medio de una discusión, el hombre habría agredido a la mujer con un arma cortopunzante dentro del asentamiento humano Altos de Andina. Vecinos del sector acudieron al auxilio tras escuchar los gritos, pero las lesiones que sufrió la víctima resultaron fatales.
Pese a que fue atendida inicialmente por personas de la comunidad, la mujer murió debido a la gravedad de las heridas. El caso activó la intervención de la Policía Judicial y de la Fiscalía, que iniciaron la recolección de testimonios, análisis de comunicaciones y verificación de antecedentes de violencia en la relación.
Uno de los aspectos que más peso tuvo en la solicitud de medida de aseguramiento fue el historial previo de intimidaciones. Según el ente acusador, semanas antes del crimen el procesado habría utilizado un arma de fuego para amenazar a la mujer, además de enviarle mensajes de voz a su celular con contenido intimidante, con los que buscaba someterla emocionalmente.
La Fiscalía expuso que estos comportamientos evidencian ciclos de violencia que no fueron interrumpidos y que mantuvieron a la víctima en una situación de riesgo permanente. Para el organismo judicial, esa conducta previa permite configurar el delito de feminicidio agravado.
El hombre, identificado como Ronald Yesid Rivera Alfonso, fue capturado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. Durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que continuará vinculado al proceso mientras permanece privado de la libertad en un centro carcelario.
Las autoridades reiteraron que este caso se suma a los esfuerzos institucionales por frenar la violencia contra la mujer en Santander, al tiempo que recordaron la importancia de denunciar de manera temprana cualquier tipo de amenaza o maltrato para evitar que las agresiones escalen hasta consecuencias irreversibles.
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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Saúl Duarte Naranjo, señalado de intentar asesinar en dos ocasiones a su expareja, Natalie Alexandra Pérez Navarro, en hechos ocurridos entre agosto de 2025 y enero de 2026 en Bucaramanga. La decisión judicial, adoptada tras las audiencias concentradas, marca un punto clave en el proceso por tentativa de feminicidio y se produce luego de que las autoridades concluyeran que existía un riesgo grave y reiterado para la vida de la víctima. La determinación judicial se conoció días después de que Saúl Duarte Naranjo fuera presentado ante un juez, tras su captura en el occidente de Bucaramanga. En la diligencia, la Fiscalía expuso el material probatorio recopilado durante varios meses y sustentó la necesidad de mantener al procesado privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.
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