Judicial - Octubre 07 de 2026 - 03:59 PM

Enviaron a la cárcel a los dos sujetos señalados del doble asesinato en Barbosa, Santander

Ante una juez en la capital de Santander, la Fiscalía imputó homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto a Anderson Hidalgo y Janer Vargas. Ambos son acusados de viajar desde Bucaramanga para asesinar a Yesid Camacho en Barbosa, en un hecho aparentemente motivado por una deuda millonaria.

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El desenlace de una persecución que inició en Barbosa y se extendió por las trochas de la provincia de Vélez se concentró la tarde de este miércoles en el despacho de la Juez Quinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga. Ante esa judicatura, la Fiscalía General de la Nación presentó a dos hombres señalados de haber viajado desde la capital santandereana con la misión de asesinar al comerciante Yesid Camacho Torres.

La reconstrucción de los hechos arroja que el ataque armado se perpetró en la calle 8 con carrera 11 de Barbosa, justo en el instante en que Camacho Torres salía de un gimnasio del sector. Pese a que la víctima intentó maniobrar para esquivar los disparos —situación que quedó atestiguada por transeúntes y registrada en cámaras de seguridad del área—, los proyectiles le causaron la muerte de manera inmediata.

Iniciada la búsqueda por parte de comandos de la Policía, miembros del Ejército y peritos de la Fiscalía, la ruta de huida de los agresores empezó a desmoronarse en la vía que conduce a Puente Nacional. A eso de las 6:00 de la tarde, la motocicleta utilizada en el atentado sufrió un desabastecimiento de combustible en pleno trayecto, lo que obligó a sus ocupantes a detenerse. En ese punto se materializó la primera detención: Anderson Gabriel Hidalgo Reyes, de 21 años de edad.

El segundo sospechoso, identificado como Janer David Vargas Benavides, natural de Barrancabermeja, abandonó el vehículo e internó su escape a pie por senderos rurales. Su recorrido a través de las trochas finalizó seis horas más tarde, cuando patrullas nocturnas lo interceptaron en jurisdicción de Guavatá.

Al completarse las capturas en horas de la madrugada y ante la falta de despachos judiciales disponibles en Barbosa, la Fiscalía recurrió a la Juez Quinta Penal de Bucaramanga para instalar la audiencia de manera virtual. El ente acusador amparó la legalidad del procedimiento bajo la figura de la flagrancia extendida, argumentando la continuidad ininterrumpida del operativo, el señalamiento de los testigos y la recolección de evidencias físicas en el trayecto.

Entre los elementos incautados figuran un revólver calibre .38 y la motocicleta de la huida, la cual registraba un reporte previo por hurto. Dentro de las hipótesis centrales que maneja la Fiscalía sobre el móvil del crimen destaca la de un homicidio por encargo motivado por el cobro de una deuda de varios millones de pesos que la víctima había prestado. Con este acervo, el ente fiscal avanzó hacia las 2:00 de la tarde en la imputación formal de cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.
Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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