Judicial - Agosto 06 de 2026 - 04:05 PM

Falleció Efraín Quesada, el cabo del Inpec baleado este jueves en Girón

Efraín Quesada Urrego, cabo del Inpec de 54 años, falleció en la Clínica Foscal tras ser atacado a balazos por motociclistas en Girón. El crimen ocurrió a 600 metros de la Cárcel de Palogordo. Autoridades investigan si el homicidio se vincula a amenazas de 'Los Costeños'.

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El inspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el cabo Efraín Quesada Urrego, de 54 años, murió en un centro asistencial tras sufrir graves heridas en un atentado a bala. El ataque ocurrió cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral en la Cárcel de Palogordo, en Girón.

La víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Foscal, en Floridablanca, después de ser interceptada por hombres armados en inmediaciones del centro penitenciario. A pesar de ser sometida a una cirugía para intentar salvarle la vida, los esfuerzos del personal médico no fueron suficientes y se confirmó su fallecimiento.

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El ataque se registró hacia las 6:20 de la mañana de este jueves 6 de agosto, en el sector de la finca Los Naranjos, vereda Palogordo, sobre una vía destapada ubicada a unos 600 metros de la entrada principal del establecimiento penitenciario. Efraín Quesada Urrego se dirigía a cumplir su turno cuando dos hombres en motocicleta lo interceptaron, le dispararon en repetidas ocasiones y escaparon hacia Piedecuesta.

Compañeros del Inpec que estaban en el sector escucharon las detonaciones y corrieron a auxiliarlo, lo que obligó a los agresores a huir. La Policía Metropolitana de Bucaramanga atendió la alerta de la Central de Radio y encontró la motocicleta del inspector tendida sobre la vía, mientras el funcionario ya había sido remitido en ambulancia. El reporte preliminar indicó que recibió tres impactos de bala: uno en el hombro, otro en el tórax y un tercero en el abdomen.

Efraín Quesada Urrego tenía 54 años, llevaba varios años en la cárcel de Palogordo, había trabajado en la Cárcel de La Tramacúa, en Valledupar, su esposa también hace parte del Inpec, y era animalista que cuidaba a la guardia canina.

A partir de este crimen, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía analizan la posible relación con un evento ocurrido el pasado 10 de julio a 50 metros de esa misma cárcel. En aquella fecha, un equipo antiexplosivos tuvo que neutralizar una granada de fragmentación dejada junto a una nota amenazante firmada por la estructura delictiva 'Los Costeños', mediante la cual exigían el traslado de varios de sus integrantes. Las autoridades procesan la escena y recolectan evidencia para verificar si la orden de atentar contra el custodio provino de esa organización.

Publicado por Redaccion judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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