La cárcel de Palogordo, en Girón, será uno de los destinos de los cabecillas trasladados desde Itagüí

El Gobierno reportó 117 internos de alto perfil incluidos en la medida, mientras la Gobernación de Antioquia confirmó 103 cabecillas sacados de la cárcel La Paz de Itagüí. El mandatario aseguró que el penal antioqueño funcionaba como un centro de eventos.

La operación penitenciaria comenzó en la noche del jueves y se extendió durante la jornada de posesión presidencial del viernes 7 de agosto. Según el comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Presidencia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reubicó a 117 personas privadas de la libertad de alto perfil, vinculadas a negociaciones de paz adelantadas en distintos sectores del país, hacia establecimientos de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó por su parte que 103 cabecillas fueron sacados de la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos jefes de estructuras que operan en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. Entre los nombres mencionados aparecen los conocidos con los alias de Douglas, Carlos Pesebre y El Indio.

El presidente se pronunció sobre la medida en un video difundido en sus redes sociales en la tarde del sábado 8 de agosto. Allí afirmó que estaba coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí, quienes según sus palabras "seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario que más bien es una discoteca, un centro de eventos". En el mismo mensaje precisó el estado real del operativo en ese momento: sostuvo que se habían concretado 43 de los traslados y que los restantes se ejecutarían en las horas siguientes. Añadió que los internos serían enviados a cárceles de máxima seguridad donde no pudieran continuar delinquiendo, y anunció que en su administración habrá "mano de hierro" contra la delincuencia. También manifestó que coordina personalmente operativos militares contra objetivos de alto valor.

El argumento oficial para la dispersión es de control. La concentración de un número elevado de cabecillas en un mismo pabellón, señaló el Gobierno, ampliaba su capacidad de comunicación, influencia y coordinación sobre estructuras que operan en el Valle de Aburrá. Sobre el origen de la orden existen versiones encontradas: la Presidencia se la atribuyó oficialmente al nuevo mandatario en coordinación con el Inpec, aunque fuentes citadas por la prensa antioqueña sostienen que el movimiento se venía preparando desde varios días antes. La medida representa además un giro frente al modelo de la administración anterior, pues los internos trasladados participaban en la denominada mesa de paz urbana impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.

Para Santander, la inclusión del penal de Girón en el listado no es casual. Ese establecimiento cuenta con un pabellón de máxima seguridad destinado específicamente a internos vinculados con delitos de extorsión, una sección vigilada de manera permanente por el Grupo Estratégico de Información Penitenciaria y Carcelaria. El Gobierno no ha precisado cuántos de los reclusos trasladados llegarán a ese centro ni la identidad de quienes serían recluidos allí. La información oficial se limita, hasta el momento, a incluir a Girón entre los ocho establecimientos receptores.

En paralelo, el arranque del nuevo periodo estuvo acompañado de anuncios en materia de cooperación internacional y de lucha anticorrupción, ambos todavía en fase de intención. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que, en coordinación con el Congreso de ese país, tiene previsto anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de seguridad para respaldar a la nueva administración colombiana; el desembolso deberá surtir discusión y votación en el legislativo estadounidense antes de concretarse. En el frente interno, el mandatario ha planteado aplicar una figura de extinción de dominio exprés contra funcionarios, familiares y testaferros involucrados en corrupción. Esa propuesta, contenida en su programa de gobierno, enfrenta un obstáculo jurídico: la extinción de dominio en Colombia es una acción de naturaleza jurisdiccional que se declara mediante sentencia judicial, de modo que acelerar sus términos exigiría una reforma legal tramitada en el Congreso.