Indignación entre las víctimas de secuestro por las declaraciones de 'buen trato' de 'Timochenko'

Víctimas de secuestro de la antigua guerrilla de las Farc-EP expresaron un rechazo categórico tras la divulgación de una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, aseguró que en la organización existían órdenes de "buen trato" hacia los cautivos. La controversia obligó al tribunal transicional a aclarar de manera pública que en ningún momento ha avalado ni respaldado esas afirmaciones en sus fallos judiciales.

Las posturas de mayor contundencia provinieron de oficiales retirados de la Policía Nacional que padecieron cautiverios prolongados en la selva. Entre ellos figuran el mayor general Luis Herlindo Mendieta y el coronel Enrique Guillermo Blanco, ambos privados de la libertad tras la Toma de Mitú en noviembre de 1998 y rescatados posteriormente por las Fuerzas Militares durante la Operación Camaleón en junio de 2010.

El mayor general Mendieta, quien permaneció encadenado a árboles y sufrió enfermedades tropicales y aislamiento durante casi doce años de retención, cuestionó las palabras del excomandante expresadas ante los magistrados. A través de su cuenta en la red social X, manifestó: “Mi dolor supera todo lo que he leído en estas redes sobre lo reciente revelado de la JEP. Solo Dios sabe que esto que fue revelado, es una cachetada a nuestro cautiverio”. En la misma publicación, el oficial agregó: “Casi dos décadas de cadenas, de llagas, de enfermedad, de hambre, de tortura resumidas en una risa perversa”.

Por su parte, el coronel Enrique Guillermo Blanco empleó un tono sarcástico para marcar la diferencia entre los estatutos en papel del grupo armado y la realidad vivida por las víctimas en los campamentos. “Qué alivio para las víctimas. Debió ser maravilloso estar secuestrado en los campamentos de las FARC. Gracias por la aclaración, Timochenko. Resulta que Colombia había entendido mal el secuestro”, publicó el oficial, señalando a renglón seguido: “Miles de personas arrancadas de sus familias, privadas de la libertad durante meses o años, pero hubo buen trato”.

El origen de la polémica se remonta a la difusión de una diligencia reservada llevada a cabo en 2019, revelada recientemente en el Congreso por la senadora María Clara Posada. En dicha grabación, Londoño —firmante del Acuerdo de Paz de 2016— afirmó que la cúpula de las Farc-EP manejaba directrices de trato humano para los prisioneros.

De acuerdo con su testimonio, las normas exigían garantizar la alimentación e impedían agresiones físicas o torturas. “Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida. Esas eran las líneas (…) la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”, sostuvo Londoño en la diligencia.

Ante las reacciones generadas por la filtración, la JEP emitió un comunicado oficial para precisar el alcance de sus hallazgos dentro del Caso 01, referente a la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. La judicatura aclaró que, si bien la investigación identificó la existencia de un manual o instructivo interno que mencionaba el trato humano, las pruebas demostraron que esa pauta jamás se aplicó en la práctica.

El tribunal expuso que los encargados de la custodia ejercieron una discrecionalidad absoluta sobre los secuestrados, lo que derivó en la comisión sistemática de tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, violencia sexual, homicidios y desapariciones forzadas. Debido a estas conductas acreditadas, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc-EP, incluidos los siete miembros del antiguo Secretariado, al concluir que la dirigencia no emitió órdenes efectivas para proteger la vida y la dignidad de los retenidos.

La JEP concluyó su pronunciamiento ratificando que sus determinaciones judiciales se fundamentan en testimonios directos de las víctimas, dictámenes periciales y trabajo de campo, y no en las justificaciones de los comparecientes, dejando sentado que la sola existencia de un escrito normativo no atenúa la responsabilidad penal de los procesados.