Judicial - Noviembre 12 de 2021 - 03:47 PM

Investigan presunto abuso policial en estación de Bucaramanga

Reclusos de la Estación Sur de Bucaramanga denunciaron el presunto abuso de dos policías contra un interno, en una requisa por droga y armas blancas. Las autoridades investigan junto a la Defensoría, pero dicen que hay versiones encontradas, como que los golpes se los dieron otros reclusos al detenido. Todo está 'bajo la lupa'.

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Con su rostro hinchado y moretones alrededor de los ojos, un recluso de la Estación de Policía Sur en Bucaramanga grabó un video desde la celda para denunciar un presunto caso de abuso de autoridad por parte de los custodios en medio de una requisa.

El joven asegura que ayer en un procedimiento los “pasaron de a cuatro personas a la celda. Patiño y Mejía me hicieron quitar la ropa, me quité el bóxer y les hice dos cunclillas, pero como no quería dejarme ver el culo me pegaron un ‘arepazo’.

“Mi capitán dijo que si querían me hicieran el examen de la próstata; entonces yo me subí la ropa y me vine pa’tras de la celda. A los dos minutos llegaron diciendo que yo tenía algo. 

“Sí, yo realmente tenía mi traba - soy consumidor desde los 10 años - pero como no la quería entregar vea cómo me dejaron”, dice mientras señala su cara, y agrega, “me metieron la mano en el culo y me la quitaron, por no entregarla, eso es violación”.

Además, los allegados del recluso que hicieron pública esta grabación aseguran que “en la Estación Marsella Real en el Mutis les están dando (a los internos) mal trato. Les quitan el agua, la alimentación y lo poco que ellos tienen para comunicarse con los familiares”.

Sobre el hecho específico, los denunciantes agregan que al ingresar “a las celdas, les echaron gases lacrimógenos y los hicieron empelotar a todos tocando sus partes íntimas. Esto viene pasando hace más de dos meses. También les quitaron las encomiendas y eso es un derecho que ellos tienen”.

La Policía investiga con la Defensoría del Pueblo

Por su parte, el coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que justamente ayer “se hizo un procedimiento de verificación (a las salas de detenidos), teniendo en cuenta una información que se recibió del posible ingreso de droga y armas blancas, a través de diferentes medios que se inventan los delincuentes.

“Gracias a esa inspección, que se hizo con todos los protocolos de seguridad y donde se invitó al Ministerio Público, se encontró una gran cantidad de marihuana, pastillas y droga sintéticas como Clonazepam, e igualmente algunas armas blancas, que fueron puestas a disposición de la Fiscalía para que por supuesto se abra una investigación por el tráfico de estupefacientes”.

Respecto al abuso de la fuerza, el coronel aseguró que “la persona que aparece golpeada hoy se entrevistó con un funcionario de la Defensoría del Pueblo, para darle todas sus garantías, y se le recibió la denuncia (…) nosotros también pusimos toda nuestra capacidad interna, tanto la Oficina de Disciplina como la Oficina de Derechos humanos para que se adelante la correspondiente investigación, estando en contacto directo con la Defensoría”.

Sin embargo, en la búsqueda de respuestas las autoridades habrían escuchado “versiones encontradas que le fueron manifestadas también a la Defensoría. Así como se informa la presunta participación de algunos de nuestros uniformados, también se dice igualmente que algunos de los internos - a los que se les quitó esta cantidad de droga - descargaron su rabia e inconformismo golpeando a esta persona”, según el coronel. 

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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