Judicial - Junio 28 de 2021 - 11:33 AM

La Justicia ‘tocó’ a los que se creían ‘Los Intocables’

Una banda delincuencial conocida como ‘Los Intocables’, dedicada al hurto de motos en el Área Metropolitana de Bucaramanga y a la extorsión a sus propietarios, se ‘desmoronó’ con un operativo en el que fueron capturados ocho de sus integrantes.

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Luego de ser el tormento de decenas de ciudadanos en el Área Metropolitana de Bucaramanga, a quienes les robaban sus motos y los chantajeaban para sacarles plata por sus vehículos, se ‘desmoronó’ la banda delincuencial ‘Los Intocables’, gracias a un operativo de la Policía y la Fiscalía Segunda Seccional de Estructura de Apoyo. 

En total fueron capturados ocho integrantes de esta organización, por los delitos de hurto calificado y agravado, receptación, extorsión y concierto para delinquir, gracias a las denuncias de varias víctimas y a 15 meses de investigación de las autoridades.

Con las indagaciones se determinó los roles que empleaban los hoy capturados para su accionar delincuencial, bajo las asignaciones de su cabecilla alias ‘Agachadera’, un hombre de 25 años.  

Los ‘jaladores’ fueron identificados como alias ‘Marlon’, ‘Enano’, ‘Jorge Aguapanela’, ‘Pavo’, ‘Jorge Eliécer’ y ‘Tiberio’; este último también se encargaría - junto al líder - de comprar las motos hurtadas y buscar comercializarlas, venderlas por partes o extorsionar a los propietarios, obligándolos a pagar su rescate.  

‘A papaya puesta…’

Esta banda emplea una modalidad anteriormente advertida por las autoridades, en la que los ‘jaladores’ se asocian en parejas para hacer recorridos en una moto, buscando alguna víctima que deje descuidado su vehículo.

Cuando detectan el factor oportunidad, desciende el parrillero y se acerca sigilosamente para violentar los sistemas de seguridad, utilizando técnicas con sus manos y sus pies; paso seguido, cortan los cables del encendido electrónico uniéndolos directamente y en cuestión de minutos logran su cometido. 

Las autoridades aseguran que algunos miembros de la banda, entre ellos ‘Jorge Aguapanela’ y ‘Pavo’, optan por pedirles ‘carreritas’ a los llamados ‘moto-taxis’ hacia zonas rurales de Piedecuesta, donde ya tienen un lugar apropiado para intimidarlos con armas de fuego y cortopunzantes, obligándolos a despojarse de las motocicletas y sus pertenencias, para luego darse a la fuga. 

Hecho el robo y con el vehículo ‘resguardado’, los antes mencionados se ponían en contacto con el líder de la organización - ‘Agachadera’ – para acordar un valor económico, entre los 400 mil pesos y el millón 200 mil pesos, llevándola en horas de poco transito al lugar destinado dentro del grupo delincuencial como la ‘caleta’.  

El operativo

La captura de estos delincuentes se dio en medio de ocho diligencias de registro y allanamiento, ordenadas por el Juzgado 7 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, encontrando en las inspecciones más material probatorio.

Entre las evidencias se hallaron partes de motocicletas que se cree habían sido desarmadas al no haber sido contactada a la víctima para el pago de su rescate. También se da la recuperación de una motocicleta hurtada en días pasados, un arma de fuego tipo escopeta artesanal y seis celulares.   

Para dejar expuesto su actuar ilícito la Policía Judicial interceptó llamadas, hizo entrevistas a afectados, reconocimiento fotográfico, inspecciones técnicas al lugar de los hechos, entre otras actividades. 

Según la secuencia de denuncias instauradas por las víctimas, la mayor injerencia de hurtos que tienen los hoy capturados se da en Piedecuesta, seguido del municipio de Floridablanca.

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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