Judicial - Agosto 08 de 2026 - 09:05 AM

"Les quedé grande": alias 'Julito' lanza fuerte mensaje a la Policía de Bucaramanga

Desde la clandestinidad, el prófugo Julio Rivera González, alias 'Julito', difundió un video negando pertenecer a bandas o reclutar menores en Bucaramanga. Pese a acusar a la Policía de montajes, las autoridades lo señalan como autor de 15 homicidios, incluidos la eliminación sistemática de la familia Espitia y sus allegados.

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En medio de una escalada de homicidios que sacude al área metropolitana de Bucaramanga y que ha puesto a las autoridades en máxima alerta, Julio Rivera González, conocido bajo el alias de "Julito", difundió un video desde la clandestinidad en el que pretende desligarse de las estructuras del crimen organizado. No obstante, las declaraciones de este presunto homicida —considerado por los organismos de inteligencia como el sicario más peligroso y buscado de la ciudad— contrastan fuertemente con un abultado expediente judicial que lo señala como el principal dinamizador de la violencia en Santander, con al menos 15 homicidios atribuidos a su accionar.

En la grabación enviada a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, Rivera González admitió que cuando era menor de edad fue contratado por la organización criminal el Tren de Aragua para realizar lo que denominó "unos trabajos". Sin embargo, aseveró que al alcanzar la mayoría de edad no ha vuelto a cometer delitos en Bucaramanga ni en ninguna otra parte del territorio colombiano. Durante su intervención, alias 'Julito' intentó matizar los hechos violentos en los que se le involucra, asegurando que no forma parte de ninguna banda criminal como el Tren de Aragua o Los del Sur. Según su testimonio, sus acciones han sido ejecutadas de forma independiente y obedecen estrictamente a discrepancias individuales, afirmando que siempre ha hecho sus cosas solo por problemas personales con algunas personas que se volvieron enemigas suyas.

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El prófugo arremetió de manera directa contra las unidades de la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), sosteniendo que los investigadores le entregan información engañosa a los mandos institucionales y a la prensa. En un intento por desacreditar el proceso en su contra, Rivera González rechazó los señalamientos sobre reclutamiento de menores y mostró en el video la fotografía de un oficial de la DIJIN enviado desde Bogotá, acusándolo de orquestar un montaje para vincularlo falsamente con masacres y redes de instrumentalización infantil. Finalmente, lanzó un tono desafiante contra la fuerza pública manifestando que a la policía les quedó grande su ubicación y despidiéndose con un mensaje en el que les pide que lo sigan buscando.

Pese al intento de alias "Julito" por presentarse como víctima de un presunto montaje policial, los informes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y de la Fiscalía dibujan el perfil de un frío brazo ejecutor del crimen organizado, ligado a la banda Los del Sur y señalado por sembrar el terror en barrios como La Joya, Los Canelos y La Cumbre. El historial atribuido a Riveira González abarca crímenes de alto impacto social cometidos tanto en Bucaramanga como en Floridablanca, entre los que figura el feminicidio de Cynthia Valeria Espitia Argüello, cometido en enero de 2026, luego de que la joven decidiera finalizar su relación sentimental con el sospechoso. El crimen de la joven y de su pareja, Junior Ayala, desencadenó una sangrienta venganza contra la familia Espitia.

A este expediente se suma la masacre en Villa Esperanza, perpetrada el 25 de octubre de 2025 en dicho asentamiento humano, donde cuatro personas fueron masacradas, y el doble homicidio registrado el 27 de diciembre de 2025 en el barrio La Cumbre de Floridablanca. Asimismo, se le investiga por los ataques sicariales recientes en Los Canelos, donde la noche del lunes 3 de agosto de 2026 dos sujetos en motocicleta acribillaron a Brayan Orlando Meza Espitia frente a un negocio de comidas rápidas junto a la cancha del barrio, dejando además a otro ciudadano herido. Este crimen ocurrió apenas siete días después del asesinato de Bairon Johan Espitia Almeida en el mismo sector, confirmando la sistemática persecución contra el círculo familiar de Cynthia Valeria Espitia Argüello.

El recorrido judicial de alias "Julito" incluye una captura lograda a comienzos de 2026 durante una redada en una zona rural cercana al aeropuerto Palonegro, en el municipio de Lebrija. No obstante, al ser menor de edad en ese momento, fue puesto bajo la guarda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Meses después, el procesado concretó su evasión aprovechando un traslado médico programado en Bogotá, burlando a los custodios para regresar de inmediato a liderar el sicariato y la extorsión en Santander.

Frente a la versión del video difundido por el delincuente, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero, fue enfático en ratificar que alias "Julito" sigue activo en la delincuencia e instrumentalizando a jóvenes para cometer atentados, señalando que existe una problemática en el sur de la ciudad por la disputa entre este delincuente y la mencionada familia. Para lograr la neutralización de este objetivo de alto valor operacional, la Alcaldía de Bucaramanga, la Alcaldía de Floridablanca y la Gobernación de Santander elevaron la recompensa a 70 millones de pesos por información veraz que conduzca a su captura, disponiendo líneas confidenciales con absoluta reserva para poner fin a la ola de homicidios en la región.

Publicado por Redaccion judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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