Mataron a sange fría a un conductor de plataforma para robarle el carro

La jornada del pasado 22 de julio transcurría como cualquier otra para Juan Pablo Vargas Becerra. A sus 26 años, el joven se ganaba la vida recorriendo las calles de Bogotá al volante de un vehículo adscrito a una plataforma digital de transporte, una labor que combina la rutina urbana con los riesgos implícitos de internarse en sectores de difícil acceso a altas horas de la noche. Aquella jornada, sin embargo, se transformó en una emboscada cuando aceptó una solicitud de viaje que tenía como destino final los límites del barrio El Codito, una zona empinada y populosa en el extremo norte de la capital, caracterizada por sus estrechos corredores y la compleja situación de seguridad que históricamente ha marcado a varios de sus sectores.

Quienes abordaron el automóvil no buscaban un traslado rutinario. Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía General de la Nación, Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez subieron al vehículo fingiendo ser usuarios convencionales. No obstante, en cuanto el automotor se adentró en la geografía serpenteante de El Codito, la dinámica cambió drásticamente. Sacando relucir armas de fuego, los dos hombres intimidaron a Juan Pablo Vargas Becerra, tomándolo por sorpresa en un espacio reducido donde las posibilidades de reaccionar o solicitar auxilio eran prácticamente nulas. Bajo amenaza de muerte, tomaron el control de la situación e iniciaron el despojo sistemático de las pertenencias del joven conductor.

Consciente del peligro inminente y buscando a toda costa salvaguardar su integridad física para regresar a su hogar, Juan Pablo Vargas Becerra optó por la no resistencia. Las indagaciones preliminares del organismo investigador revelan que la víctima asumió una postura de total sumisión frente a los asaltantes. Con voz entrecortada, el joven conductor les rogó encarecidamente que no le hicieran daño, ofreciéndoles entregarles no solo el dinero en efectivo, sus dispositivos móviles y demás objetos de valor que llevaba consigo, sino también las llaves del propio automóvil, su herramienta de trabajo diaria. Su único pedido era que le permitieran descender del vehículo y alejarse a pie por la calle para conservar la vida.

Pese a la absoluta indefensión de la víctima y a que el robo ya se había consumado sin que el joven opusiera el más mínimo gesto de fuerza, los agresores tomaron la determinación de no dejar testigos. En lugar de permitirle bajar, retuvieron a Juan Pablo Vargas Becerra durante unos minutos más en el habitáculo del carro y, en un acto de extrema violencia e irracionalidad, le dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones. Las detonaciones retumbaron en la zona, dejando al conductor mortalmente herido en el asiento mientras los delincuentes tomaban el volante de manera definitiva para emprender una huida vertiginosa por las empinadas lomas del sector.

La alerta sobre los disparos y la apropiación ilegal del automotor se transmitió rápidamente a las patrullas del cuadrante de la Policía Nacional que operaban en el norte de la ciudad. Las autoridades desplegaron de inmediato un operativo de emergencia conocido como 'plan candado', cerrando las principales vías de acceso y salida de la localidad de Usaquén para acorralar a los sospechosos. La presión del cerco policial y la velocidad desenfrenada a la que conducían los asaltantes desencadenaron el desenlace de la fuga: a escasas calles del lugar del ataque, el conductor perdió el control del automotor en una maniobra errática, provocando que el vehículo volcara estrepitosamente sobre el asfalto.

Aprovechando el caos generado por el accidente, Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez salieron violentamente de los restos del carro siniestrado e intentaron continuar la huida a pie por los callejones aledaños. Sin embargo, la efectividad del despliegue policial impidió su escape. Varios uniformados que les seguían los pasos los interceptaron a los pocos metros, logrando su captura en flagrancia. Durante el procedimiento de requisa e inmovilización, las autoridades hallaron en poder de los detenidos una de las armas de fuego que, según los peritajes balísticos preliminares, habría sido utilizada momentos antes para cegar la vida del joven trabajador.

El caso fue asumido de inmediato por un fiscal especializado de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien reunió las pruebas recolectadas en la escena del crimen, los testimonios de los agentes captores y los elementos incautados para presentar a los dos implicados ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, el ente fiscal les formuló formalmente los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los dos procesados aceptó la responsabilidad en los hechos. Atendiendo a la gravedad del crimen y al peligro que representan para la sociedad, el administrador de justicia acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario, donde deberán permanecer mientras concluye el proceso penal en su contra.