"Mi hijo murió porque no le dieron su medicina, no por montar en bicicleta"

La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con diagnóstico de hemofilia A severa, desató una ola de reacciones en todo el país y reabrió el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud. Su caso expone cómo una cadena de decisiones administrativas y demoras en la atención pueden derivar en consecuencias irreversibles.

El menor falleció el viernes 13 de febrero en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá, adonde fue remitido cuando su estado ya era crítico. Días antes había sufrido una caída de su bicicleta y se golpeó la cabeza, un accidente que, según su familia, no habría tenido desenlace fatal de haber contado con el tratamiento profiláctico que requería de manera continua.

Kevin había sido diagnosticado pocos meses después de nacer con hemofilia A severa, un trastorno que impide la correcta coagulación de la sangre y que obliga a recibir medicamentos constantes para evitar hemorragias internas o sangrados espontáneos ante golpes aparentemente leves. Durante años, gracias al suministro regular del fármaco Emicizumab, el niño llevó una vida estable y pudo realizar actividades propias de su edad.

Sin embargo, desde comienzos de diciembre dejó de recibir el medicamento. La razón, según denunció su madre, Katherine Pico, fue la finalización del convenio entre la Nueva EPS —entidad a la que estaba afiliado— y la IPS Medicarte, encargada de entregar el tratamiento. Al intentar gestionar la continuidad del suministro, fue remitida a otra institución que tampoco tenía contrato vigente para dispensar el fármaco.

Tras el accidente en bicicleta, Kevin fue llevado de inmediato a un centro asistencial. No obstante, la ausencia del medicamento que ayudaba a controlar su coagulación habría facilitado la aparición de hemorragias internas. Posteriormente fue trasladado a Pitalito con la promesa de mejorar su atención, pero, según relató su madre en entrevista con BluRadio, permaneció cerca de 24 horas sin acceso a los medicamentos requeridos y únicamente con soporte de oxígeno.

Aunque inicialmente se mantuvo estable, su condición se deterioró progresivamente. Solo cuando el cuadro clínico era extremadamente delicado se autorizó su traslado a Bogotá, donde finalmente falleció.

El caso también generó controversia en el ámbito político. Durante un consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señalaron que el accidente en bicicleta pudo evitarse. Sin embargo, la familia sostiene que el factor determinante fue la interrupción del tratamiento y no la actividad que realizaba el menor.

“El hecho de que sea hemofílico no significa que no pudiera hacer actividades. No podía tenerlo encerrado. El niño murió por falta de un medicamento”, expresó Katherine Pico, quien insiste en que la ausencia de una solución oportuna tras la terminación de los convenios dejó a su hijo sin la protección que necesitaba.

Las circunstancias alrededor de la suspensión del suministro, los traslados y la atención médica están ahora bajo escrutinio público. El fallecimiento de Kevin Arley Acosta se convirtió en un símbolo de las consecuencias que pueden derivarse de fallas administrativas en la prestación de servicios esenciales de salud.