Judicial - Abril 28 de 2026 - 09:04 AM

¡No fue un error! A Giovanny Acosta lo habrían asesinado por otro motivo, en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga investiga un conflicto personal como causa del homicidio de Helver Giovanny Acosta Vargas. Aunque se creía una equivocación, la hipótesis apunta a un lío pasional. El estudiante de las UTS fue atacado en una barbería y su familia en Samacá clama justicia.

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La investigación por el asesinato de Helver Giovanny Acosta Vargas, el joven estudiante de Ingeniería Electromecánica de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) que fue ultimado el pasado 18 de abril, ha dado un giro definitivo. La Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc) ha roto el silencio sobre las dudas que rodeaban este crimen, especialmente por el perfil de la víctima: un joven oriundo de Samacá, Boyacá, que se encontraba en la capital santandereana con el único propósito de culminar su carrera profesional.

Ante la ausencia de antecedentes o nexos con el mundo delictivo, el brigadier general William Quintero, comandante de la institución, reveló que la línea investigativa más sólida apunta hoy a un móvil de carácter personal.

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De acuerdo con el alto mando, las pesquisas han permitido descartar que el joven perteneciera a alguna estructura criminal o que tuviera "malos pasos", como se especuló inicialmente. En su lugar, el general Quintero fue contundente al señalar que Acosta Vargas pudo haber establecido un vínculo afectivo con alguien que detonó la violencia: "Ese muchacho no tenía ningún problema criminal, no estaba metido en ninguna estructura, y estamos apuntando un tema más sentimental. De pronto, a lo mejor se ha metido con la persona equivocada y eso, de hecho, le genera la muerte a este muchacho, una muerte lamentable", explicó. Esta hipótesis echa por tierra la teoría de la "equivocación" de los sicarios que sus allegados habían planteado por puro desespero ante la intachable conducta del estudiante.

El crimen fue ejecutado con una frialdad absoluta a plena luz del día. Eran cerca de la 1:00 de la tarde del sábado 18 de abril cuando Helver Giovanny se encontraba sentado en una de las sillas de la barbería Mr. Barber, ubicada en la carrera 3W con calle 55 del barrio Mutis. Mientras el barbero realizaba su trabajo, dos hombres en una motocicleta llegaron al sitio.

Uno de ellos descendió, entró al local y, sin mediar una sola palabra, disparó a quemarropa contra el estudiante. El joven recibió dos impactos de bala mortales y quedó tendido dentro del establecimiento, aún con la capa de corte puesta, mientras los asesinos huían velozmente por las calles del suroccidente de Bucaramanga.

Aunque la Policía asegura tener "muy buena información" y avances significativos que por ahora se mantienen bajo reserva para no entorpecer el proceso, la prioridad de la institución es la captura inmediata de los responsables. Mientras tanto, en Samacá, su familia y amigos claman por que la muerte del joven, a quien describen como alguien de "buena familia y trabajador", no quede en la impunidad.

La investigación se concentra ahora en reconstruir minuciosamente el entorno emocional de Acosta Vargas para ponerle nombre y apellido a esa "persona equivocada" que habría sido el detonante de este ataque sicarial.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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