Judicial - Junio 18 de 2026 - 10:35 AM

Ocho criminales armados amordazaron a una familia y les vaciaron tres fincas en Santander

Una banda de ocho delincuentes armados con escopetas asaltó tres fincas de una misma familia en la vereda El Bosque de Páramo, Santander. Los delincuentes amordazaron a las víctimas y se llevaron más de 400 millones de pesos en efectivo y joyas, producto de actividades ganaderas y cafeteras.

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Un millonario asalto múltiple perpetrado por un grupo de aproximadamente ocho delincuentes armados afectó a una familia en la vereda El Bosque, ubicada en el municipio de Páramo, Santander. El hecho delictivo se ejecutó de forma simultánea en tres propiedades rurales colindantes, donde los asaltantes lograron apoderarse de un botín en efectivo y objetos de valor cuya cuantía supera los 400 millones de pesos, de acuerdo con el inventario de pérdidas entregado por los afectados a las autoridades policiales.

El reporte judicial indica que los delincuentes arribaron al sector rural a bordo de dos vehículos de marca Renault. Al ingresar a la primera finca, los hombres portaban escopetas y se identificaron falsamente ante los residentes como integrantes de una organización al margen de la ley con el fin de generar temor. De manera inmediata, los asaltantes redujeron a los ocupantes de la vivienda, procedieron a amordazarlos y los encerraron en una de las habitaciones para impedir cualquier comunicación con el exterior o las líneas de emergencia.

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Una vez tomaron el control de la situación, los delincuentes comenzaron a exigir la entrega de sumas específicas de dinero, demostrando que poseían información previa y detallada sobre los movimientos financieros de las víctimas, derivados principalmente de actividades de comercialización ganadera y cafetera en la provincia de Guanentá. Tras saquear el primer inmueble, la banda se desplazó de forma sucesiva a las otras dos fincas de la familia, aplicando el mismo procedimiento de intimidación y sometimiento contra los habitantes para sustraer dinero, joyas y artículos tecnológicos.

Plan candado y recompensa de 30 millones de pesos

Tras consumarse el robo en los tres predios, los sujetos escaparon de la vereda El Bosque con rumbo desconocido. Minutos después del escape, una de las personas retenidas logró desatarse de las ligaduras, auxilió a sus allegados y se comunicó con las centrales de la Policía Nacional. La llamada activó un plan candado en los corredores viales del departamento, coordinando el despliegue de patrullas en los municipios circunvecinos de Socorro y San Gil para interceptar los automóviles Renault, aunque los cierres no arrojaron capturas en flagrancia.

La recolección de elementos materiales probatorios y la investigación penal fueron asumidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en apoyo con unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Los peritos judiciales lograron recuperar los dispositivos DVR que almacenan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las fincas y en los accesos viales del sector con el propósito de realizar el análisis técnico de las matrículas y los rostros de los delincuentes.

Debido al impacto del asalto en la región, las autoridades locales convocaron a un Consejo de Seguridad extraordinario con la participación de delegados de la Gobernación de Santander. Al término de la reunión de orden público, se anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 30 millones de pesos para los ciudadanos que aporten información verídica y oportuna que facilite la identificación, ubicación y captura de los integrantes de esta estructura criminal.



Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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