Optómetra de San Gil es señalado por la Fiscalía de abusar de su hijastra

Las instancias judiciales del municipio de San Gil concentran las diligencias de un proceso penal que se remonta a los hechos denunciados por una joven que, en su infancia, sufrió agresiones continuadas por parte de su padrastro. El procesado en este expediente es el optómetra Braulio Benito Díaz Gómez, señalado por su defensa técnica y por los representantes de la víctima de haber aprovechado el entorno familiar para someter a la menor desde el año 2008, época en la cual contaba con aproximadamente diez años de edad.

El recorrido procesal fue detallado por el abogado Alirio Castellanos, profesional encargado de la representación jurídica de la víctima, quien explicó que las conductas punibles comenzaron con actos de acoso y tocamientos corporales sin su consentimiento. Con el paso de los años y el crecimiento de la niña, el nivel de agresión escaló hasta la consumación de actos sexuales violentos y acceso carnal, situaciones perpetradas mientras la afectada continuaba siendo menor de catorce años de edad, umbral que define la incapacidad legal para otorgar consentimiento bajo el ordenamiento penal colombiano.

Aunque la denuncia inicial ante las autoridades competentes fue interpuesta en el año 2015, el expediente permaneció durante un largo periodo sin movimientos sustanciales ni impulso procesal. Esta parálisis se mantuvo hasta el año 2025, momento en el cual el abogado Castellanos asumió el apoderamiento de la víctima e implementó una estrategia orientada a destrabar el caso. Entre las gestiones realizadas figuraron múltiples derechos de petición dirigidos a las oficinas fiscales y la interposición formal de una acción de tutela para exigir la protección de los derechos fundamentales de la afectada y demandar celeridad institucional.

Si bien el Tribunal Superior de San Gil resolvió declarar improcedente el mecanismo de tutela interpuesto, la corporación judicial incluyó en su providencia un llamado de atención explícito y una directriz formal a la Fiscalía General de la Nación para que priorizara el caso, valorando la extrema gravedad de los delitos y la condición de vulnerabilidad de la menor al momento de los hechos. Tras esta presión jurídica, los fiscales a cargo instalaron las audiencias preliminares de formulación de imputación y posteriormente la diligencia de acusación formal. En dichos estrados, el ente acusador endilgó a Braulio Benito Díaz Gómez cargos por los delitos de acto sexual abusivo, acto sexual violento agravado contra menor de edad y acceso carnal violento, tipificación que se ratificó en el escrito de acusación.

Pese al avance en la etapa de juicio, la representación de las víctimas manifestó su inconformidad ante la omisión de medidas cautelares privativas de la libertad contra el optómetra. El abogado Castellanos reveló que interpuso solicitudes formales por escrito para que la fiscalía evaluara y solicitara una medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario, argumentando la gravedad de las conductas y el riesgo implícito, petición que hasta el momento no ha sido acogida por los funcionarios judiciales, permitiendo que el procesado afronte las etapas del juicio en libertad mientras el juzgado de San Gil programa las siguientes audiencias probatorias.