Judicial - Septiembre 09 de 2026 - 12:03 PM

¡Qué horror! Sujeto abusó de forma sistemática de sus tres hijas en Santander

Un juez con función de control de garantías envió a prisión a un hombre de 42 años señalado de instrumentalizar y agredir sexualmente a sus tres hijas. desde 2017 en San Vicente. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro confirmó que la captura se logró en once días gracias a la denuncia de la menor de 14 años

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La Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional asestó un golpe definitivo contra la impunidad en el departamento de Santander al concretar la captura de un sujeto de 42 años, señalado de perpetrar aberrantes ataques sistemáticos contra su propio núcleo familiar. El operativo, ejecutado por la Unidad Básica de Investigación Criminal en una zona rural del municipio de San Vicente, permitió poner tras las rejas al individuo, quien fue formalmente imputado por los delitos de acceso carnal abusivo, acceso carnal violento y actos sexuales con menor de catorce años.

Las pesquisas que rodearon el caso se desarrollaron con extrema celeridad, culminando con la orden judicial en apenas once días de indagación técnica. El detonante de la intervención policial provino del valor civil demostrado por una de las hijas del procesado, una menor de 14 años que decidió romper el pacto de silencio impuesto por el agresor para interponer la denuncia formal sobre las vejaciones que sufría en la intimidad del hogar.

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Mediante labores de campo y recolección de evidencia física, las autoridades descubrieron un ciclo de violencia desatado desde el año 2017. El capturado instrumentalizaba a sus tres hijas aprovechando los momentos en que ingresaba a la residencia bajo los efectos del alcohol. Para asegurar el silencio de las menores y evitar que los abusos salieran a la luz, el indiciado recurría de manera constante a la intimidación psicológica y a amenazas directas de muerte contra las víctimas.

Al pronunciarse sobre el operativo, el comandante del departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, enfatizó la gravedad de los hechos y la postura institucional frente a los agresores en el ámbito doméstico: "No toleraremos ningún acto que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias a la valentía de una menor que decidió romper el silencio y a la capacidad investigativa de nuestros hombres de investigación Criminal de Protección y Servicios Especiales, logramos en solo 11 días sacar de las calles a este presunto agresor. La Policía Nacional no dará tregua a quienes atenten contra el bienestar de nuestra infancia, sin importar si los agresores se encuentran en el propio entorno familiar. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho de violencia a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF."

Una vez materializada la detención en el área rural de San Vicente, el procesado fue trasladado y dejado a entera disposición de la Fiscalía General de la Nación para las respectivas audiencias concentradas. En el desarrollo de las diligencias preliminares, el juez con función de control de garantías acogió los argumentos del ente acusador y dictó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario en contra de la víctima menor de 14 años y sus hermanas, garantizando que el presunto abusador permanezca privado de la libertad mientras avanza el juicio.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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