Judicial - Junio 10 de 2021 - 12:44 PM

‘Chamos’ a la ‘cana’ por robar locales en cabecera

Una peluquería, una pizzería y otro restaurante de comidas rápidas en Bucaramanga, estarían en la lista de locales robados por dos venezolanos que fueron capturados por la Policía. El juez no dudó en ponerlos tras las rejas.

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Videos, entrevistas y un ‘Plan Candado’, entre otras labores de la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de dos venezolanos que serían responsables de robar una pizzería en la calle 56 con carrera 30 de Bucaramanga, el pasado 3 de junio, y otros locales comerciales de la ciudad en los últimos días.

En audiencia, con el Ente Acusador demostrando la peligrosidad de estos sujetos, el Juez a cargo no dudó en ponerlos tras las rejas Por los delitos de receptación y hurto calificado y agravado.

Cayeron tras el hurto de un celular

Los extranjeros se movilizaban en moto, cuando decidieron arrebatarle el celular a una mujer que caminaba por el barrio Fontana; al ser alertadas las patrullas, se inició una persecución por varios barrios al Sur de Bucaramanga, en un ‘Plan Candado’.

Como estrategia, los delincuentes trataron de dividirse: el parrillero se bajó con el teléfono hurtado y se escabulló, mientras la Policía atrapó al conductor cuando pretendía ingresar al barrio Cristal Bajo.

Sin embargo, una intensa búsqueda de las autoridades finalmente dio también con el otro ladrón a pie, quien había regresado hacia Fontana. En el registro se le encontraron 10 celulares, varios de ellos reportados como robados.

Tendrían ‘encima’ varios robos a establecimientos 

El grupo de Contra Atracos de la Sijin y la Fiscalía venían recopilando pruebas sobre los recientes robos registrados a locales comerciales de la ciudad, y resultó que los dos capturados de la moto tenían relación con estos delitos.

Dentro de dicha investigación se habían hecho entrevistas a víctimas y testigos, recolección de videos, preservación de evidencia digital y análisis de fotogramas, con los que se había logrado la identificación plena de los ya capturados y su participación delictiva en el hurto a los siguientes establecimientos:

- Una pizzería en la calle 56 con carrera 30, asaltada el pasado 3 de junio por dos sujetos que intimidaron a clientes y empleados con armas de fuego y los despojaron de sus pertenencias.

- Otro local de comida (de Sushi y Burritos) en el mismo sector antes mencionado, donde los delincuentes usaron la misma modalidad para robar el pasado 5 de junio.

- Un salón de belleza en la calle 35 con carrera 24 de Bucaramanga, donde también se usaron armas de fuego para robar a empleadas y clientes el pasado 8 de junio.

Con esta secuencia de hurtos, los delincuentes tenían azotados a los comerciantes del sector, por lo que su captura es un alivio para estos.

Según la Policía, la investigación sigue para dar con la captura de dos personas más, que serían, posiblemente, los encargados de almacenar los elementos hurtados para su posterior comercialización.

Las autoridades recordaron que cuenta con canales de comunicación, activación de alarmas y botones de pánico para una reacción oportuna antes este tipo de delitos en establecimientos comerciales.

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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