Judicial - Agosto 03 de 2021 - 11:48 AM

Revuelo por operativo de espacio público en Las Cigarras

Un operativo para desalojar a comerciantes informales del Parque de las Cigarras en Real de Minas terminó en enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades. Una joven denuncia que fue agredida en los genitales por un uniformado mientras la Policía asegura que una funcionaria de la Alcaldía fue golpeada. ¡Hay revuelo!

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Un operativo de recuperación del espacio público adelantado por la Policía y la Alcaldía de Bucaramanga en el Parque de las Cigarras en la Ciudadela Real de Minas, terminó en enfrentamientos entre los comerciantes informales y las autoridades. 

Durante el hecho, una joven habría sido agredida con un taser en sus genitales por parte un uniformado de la Mebuc y una funcionaria de Espacio Público de la Alcaldía habría sido golpeada, por lo que dos personas fueron capturadas por lesiones personales. 

Denuncian agresiones 

A través de redes sociales fue difundido un video en donde se observa cómo una familia que se gana la vida en el parque con trampolines o saltarines, se enfrentó a las autoridades y una joven recibió una descarga eléctrica en sus genitales. 

La víctima le contó a Caracol Radio que el procedimiento comenzó con tranquilidad y ellos estaban recogiendo todo por su cuenta. 

“Nos hablaron bien al principio, entonces nosotras comenzamos a desarmar el saltarín, pero cuando ya estaba desarmado cierta parte entonces comenzaron a quitarnos los tubos, las mallas y todo. ¿Por qué hacen eso si nosotros estamos haciendo caso? Se pusieron groseros y agresivos a jalonearnos”, aseguró la joven, quien agregó que en medio de la discusión vieron que tenían partes del trampolín en el camión, por lo que ellas fueron a sacarlas. 

“Había una muchacha en el camión y nos pegaba en los brazos cuando los metíamos por entre las barandas. Después vi que capturaron a mi hermano y cuando lo abracé para evitar que se lo llevaran el Capitán me cogió del cabello y me tumbó” 

Según la joven la agredieron con el taser en varias partes del cuerpo 

“Entre eso la vagina, la entrepierna, la cintura, a parte me torcieron el pie, estoy llena de morados. mi mamá un Policía la cogió del cuello y la arrastró. A mi hermano lo estaban asfixiando y dándole con el taser hasta que se desmayó. Un muchacho lo auxilió”, finalizó la víctima. 

Versión de las autoridades 

Al respecto, la mañana de este martes el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Brigadier General Samuel Bernal, explicó que se investiga la actuación del uniformado que agredió a la joven. 

“Se evidencia que el funcionario policial porta su taser como forma de protección, ante esta situación la institución abrió un proceso de investigación interna para dar claridad al procedimiento respetando el debido proceso” puntualizó el alto oficial, quien además confirmó que durante el polémico procedimiento capturaron a dos personas por el delito de lesiones personales, pues habrían golpeado a una funcionaria de la Oficina de Espacio Público de la Alcaldía. 

Se trata de Ingrid Mayerli Orjuela, quien también entregó su versión de los hechos y aseguró que les hablaron de buena manera a los comerciantes y fueron ellos quienes se alteraron. 

“Yo iba en el carro con la mercancía cuando la hermana del muchacho empezó a tirarme varillas y luego se subió a golpearme con una varilla y por la parte izquierda del camión la mamá y el hermano me agarraron del pie y me daban vueltas y me golpeaban con tal de sacar las varillas. Ahí fue que intervino la Policía y les dijeron que se retiraran”, relató. 

Orjuela defendió a la Policía y, contrario a lo que se observa en los videos, asegura que los uniformados nunca los agredieron. “Ellos les pidieron que se retiraran, pero la muchacha estaba terrible y empezó a golpearlos”, finalizó.

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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