Mundo - Febrero 23 de 2026 - 11:42 AM

¡México bajo fuego! Tras muerte de 'Mencho', ya van más de 55 muertos

Tras el abatimiento de “El Mencho” en Tapalpa, se registraron disturbios y narcobloqueos en múltiples regiones de México. Autoridades reportan 25 miembros de la Guardia Nacional fallecidos y 30 presuntos delincuentes abatidos en enfrentamientos posteriores.

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La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató una ola de violencia en buena parte de México. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido el domingo durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, acción que contó con información de inteligencia compartida por Estados Unidos.


De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, el enfrentamiento se produjo en una zona rural a unos 130 kilómetros de Guadalajara. Las fuerzas militares repelieron una agresión armada y el saldo preliminar fue de siete presuntos integrantes del CJNG muertos, entre ellos Oseguera Cervantes, además de dos detenidos y la incautación de armas de alto poder y vehículos blindados.


La respuesta del grupo criminal fue inmediata. En el sur de Jalisco comenzaron bloqueos con vehículos incendiados, cierre de carreteras y suspensión del transporte público en algunas zonas. El gobierno estatal activó el llamado “código rojo” y anunció la cancelación de clases presenciales y eventos masivos.


Los disturbios se extendieron a al menos 16 estados del país, incluyendo Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo, donde se reportaron incendios de automotores, ataques a negocios y bloqueos viales. En Puerto Vallarta se cancelaron vuelos, mientras en diversas entidades se suspendieron actividades escolares por razones de seguridad.


Las autoridades informaron que, además de los siete abatidos en Jalisco, se registraron otros cuatro presuntos delincuentes muertos en Michoacán. También se reportaron 22 detenidos en distintos operativos. Sin embargo, la violencia posterior al operativo dejó un alto costo humano: el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario estatal murieron en ataques atribuidos al CJNG. Asimismo, indicó que 30 integrantes del grupo criminal fueron abatidos en distintos enfrentamientos.


El cuerpo de Oseguera Cervantes fue trasladado a la Ciudad de México bajo custodia federal para los peritajes correspondientes. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantener la calma y respaldó la actuación de las fuerzas armadas.


El abatimiento de “El Mencho” ocurre en un contexto de presión creciente por parte de Washington contra los cárteles mexicanos, especialmente tras la clasificación de estas organizaciones como terroristas. Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura del líder del CJNG, a quien señalaba como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia su territorio.


La ofensiva contra el CJNG marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad, pero también evidencia la capacidad de reacción violenta de la organización, cuya estructura se expandió bajo el mando de Oseguera Cervantes a múltiples regiones del país.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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