Mundo - Octubre 10 de 2026 - 10:43 AM

Panamá amanece entre réplicas, albergues y ayuda que empieza a llegar tras el terremoto de magnitud 7,7

Familias que pasan la noche en potreros, albergues improvisados en escuelas y maquinaria abriendo paso hacia Tonosí marcan la primera mañana tras el sismo, que dejó daños en más de 400 edificaciones.

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Panamá amanece este sábado con réplicas que no dan tregua, comunidades aisladas en la península de Azuero y las primeras donaciones llegando a la provincia de Los Santos, un día después del terremoto de magnitud 7,7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El balance oficial se mantiene en 27 heridos leves, cerca de 300 evacuados y ninguna víctima mortal.

La noche no da descanso en el interior del país. A las 11:14 de la noche del viernes, una réplica de magnitud 6, según el Servicio Geológico Colombiano, sacude la zona de La Tronosa, en Los Santos. Este sábado se suman otra de 4,8 en Las Tablas a las 5:38 de la mañana y una de 5,5 a las 8:46. Las réplicas ya superan las 100 y las autoridades anticipan que seguirán. En El Guabo de Macaracas, familias con las casas dañadas pasan la noche en un potrero, por miedo a volver a sus viviendas.

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Tonosí, el poblado de unos 2.200 habitantes más cercano al epicentro, sigue sin acceso por tierra. Desde esta mañana, maquinaria pesada trabaja para reabrir sus vías y helicópteros apoyan las inspecciones aéreas y la entrega de ayuda en Herrera, Los Santos y Veraguas. En Mariato, en Veraguas, el alcalde Ángel Batista reporta muchas casas caídas, puentes que no podrán usarse y albergues instalados en escuelas y zonas altas. Según el mandatario local, la comunidad está sin luz ni internet y necesita comida seca.

Las primeras donaciones empiezan a llegar a Los Santos. El presidente José Raúl Mulino anunció para este sábado el envío de agua, alimentos, pañales y carpas, y espera llegar hoy a Tonosí. La Contraloría autoriza a las juntas comunales a usar fondos y vehículos oficiales en la emergencia, y la Alcaldía de Panamá abre un centro de acopio en el edificio Hatillo. En la capital, el aeropuerto de Tocumen opera, pero detiene despegues y aterrizajes con cada réplica para revisar las pistas. La planta potabilizadora de Chilibre ya recupera el 70 % de su producción, según el IDAAN. Sinaproc mantiene habilitadas las líneas de emergencia 911 y 520-4426.

Lo que dejó el viernes

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12:56 del mediodía, la misma hora de Colombia, con epicentro en la península de Azuero. El USGS lo calculó en 7,7, tras estimaciones iniciales de 8,0 y 7,6; el Instituto de Geociencias de Panamá, en 7,5. Sinaproc reportó 27 heridos leves y cerca de 300 evacuados, entre ellos los habitantes de una comunidad costera de Los Santos trasladados a zonas altas por el aumento del nivel del mar. Los daños alcanzaron 142 viviendas, 188 centros educativos, 20 instalaciones de salud, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles y nueve puentes. En Penonomé se desplomaron una torre de la catedral de San Juan Bautista y un costado de la Gobernación de Coclé, y Mulino calificó la emergencia como un "desastre grande".

Ese día, Tocumen suspendió operaciones por más de dos horas, el Metro detuvo sus dos líneas, la Zona Libre de Colón paró y el Gobierno cerró oficinas públicas y suspendió clases. El sismo se sintió en Antioquia y el Urabá, aunque la Gobernación del Chocó no reportó afectaciones. El sistema de alertas de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para el Pacífico de Colombia y otros países, que levantó tres horas después; la Dimar descartó riesgo para la costa colombiana. La Aerocivil habilitó siete aeropuertos alternos y la Cancillería abrió canales para los connacionales: el correo cpanama@cancilleria.gov.co y el WhatsApp +507 6201 3244. El presidente Abelardo de la Espriella ofreció asistencia y la CAF donó 250.000 dólares. La emergencia llega dos meses después del terremoto de 7,4 del 10 de agosto en Colombia, que dejó 335 muertos según las autoridades nacionales.


Publicado por Redacción Nacional
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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