La Anla abrió un proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntos incumplimientos ambientales en el manejo de caudales y protección de fauna y flora. La investigación busca establecer responsabilidades del proyecto.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) abrió un nuevo proceso sancionatorio contra la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., en su calidad de responsable del proyecto Pescadero – Ituango, tras identificar presuntos incumplimientos en la ejecución de obligaciones ambientales.
La decisión se sustenta en un concepto técnico elaborado por la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, en el que se advierten fallas relacionadas con el manejo de caudales y la implementación de medidas ambientales durante el desarrollo del proyecto.
Entre los aspectos bajo investigación se encuentran la falta de control en los caudales descargados aguas abajo de la presa y la ausencia de garantías para que los volúmenes liberados desde el vertedero correspondan, al menos, a los registrados en la estación de entrada al embalse.
Adicionalmente, la autoridad ambiental señaló incumplimientos en actividades clave como el aprovechamiento forestal en áreas del vaso del embalse, así como en los procesos de rescate, reubicación y protección de fauna y flora durante el llenado del embalse, incluyendo especies bajo régimen de veda.
El proceso se enmarca en la normativa vigente que regula la responsabilidad ambiental, la cual establece un plazo de hasta cinco años para determinar si existe o no responsabilidad por parte del titular de la licencia.
En el balance general de la gestión sancionatoria, la Anla informó que el proyecto Hidroituango acumula 29 procesos, de los cuales 20 continúan en curso y 9 ya cuentan con decisión de fondo.
En el panorama nacional, el sector energético también registra múltiples investigaciones, con casos abiertos para empresas como Isagen y Enel, que figuran entre las compañías con mayor número de procesos activos.
La entidad destacó que durante el último año se ha incrementado de manera significativa la imposición de sanciones ambientales, alcanzando un total de 124, lo que representa un aumento considerable frente a periodos anteriores.
Asimismo, las multas impuestas superan los 82 mil millones de pesos, evidenciando un fortalecimiento en las acciones de control y seguimiento a proyectos de alto impacto ambiental en el país.
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