Aunque juzgado de Bogotá levantó restricción a bombardeos, tres despachos más las mantienen

El mapa de decisiones judiciales frente a las operaciones aéreas de la Fuerza Pública en Colombia registró un complejo giro tras el fallo emitido este 16 de septiembre de 2026 por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá. El despacho resolvió de fondo la tutela presentada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra a raíz de la operación 'Amón' —ejecutada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra la estructura disidente de alias Calarcá, donde Medicina Legal confirmó el deceso de tres menores de 15 y 16 años— y procedió a levantar la medida cautelar que mantenía suspendidos los ataques aéreos en zonas con presencia de niños, niñas y adolescentes.

No obstante, el levantamiento de dicha prohibición provisional en la capital no paraliza el cerco judicial que enfrenta la ofensiva militar ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella. Paralelamente, despachos judiciales en Cúcuta, San José del Guaviare y Arauca han emitido ordenamientos que imponen restricciones a los bombardeos cuando se reporte presencia de menores reclutados. Con el reciente mandato proferido por un juzgado de Cúcuta, suman cinco los pronunciamientos judiciales emitidos en el país que condicionan o frenan el accionar de la Fuerza Aérea Colombiana en el marco de las operaciones contra el crimen organizado.

La cronología de este pulso judicial evidencia un choque de posturas entre la protección estricta de la infancia y las facultades operativas del Estado. El antecedente primario se remonta a julio de 2026, cuando el Juzgado Segundo Administrativo de Arauca ordenó suspender los bombardeos en ese departamento por un lapso de dos meses para ajustar los protocolos militares.

Posteriormente, el 3 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá impuso la medida cautelar provisional de suspensión nacional, decisión que dejó en firme el 10 de septiembre tras rechazar las impugnaciones presentadas por el presidente De La Espriella, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar. A esta línea se sumó el 5 de septiembre un juzgado de San José del Guaviare exigiendo informes detallados sobre la identificación de menores en las áreas objetiva, esquema al que se adhirió la reciente decisión en la capital de Norte de Santander.

Al resolver la tutela de fondo, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá concluyó que una prohibición absoluta de bombardear campamentos donde haya menores afecta la obligación constitucional del Estado de proteger a la sociedad frente a delitos como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la trata de personas.

La providencia enfatizó que “la Constitución no obliga al Estado a escoger entre proteger a los niños y proteger a la sociedad”, determinando que la sola presencia física o el uso de uniforme no convierten al menor reclutado —quien ostenta la calidad de víctima— en objetivo militar legítimo, pero tampoco bloquea de forma automática la acción del Estado si se evalúa la participación concreta en las hostilidades bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ello, condicionó las futuras operaciones a un "estándar reforzado de precaución" que exige mayor verificación de inteligencia, evaluación del riesgo real y uso de alternativas menos lesivas.

Ante este panorama de múltiples fallos divergentes, el presidente Abelardo De La Espriella manifestó que su administración acatará las órdenes judiciales en el marco del respeto a la separación de poderes, pero ratificó que acudirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para controvertir las decisiones que, a su juicio, desbordan el control judicial y sustituyen al mando militar. El mandatario aseveró que la respuesta institucional no será paralizar al Estado ni actuar sin precaución, sino fortalecer la precisión operativa y la inteligencia para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas protegiendo a la infancia.