Colombia autoriza a Estados Unidos a ejecutar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico

En el marco de una cumbre de la Coalición de las Américas contra los Cárteles celebrada el pasado miércoles 12 de agosto de 2026 en Ciudad de Panamá, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció formalmente que el Gobierno de Colombia autorizó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a llevar a cabo operaciones militares conjuntas en territorio colombiano para combatir el narcotráfico y las estructuras criminales. La histórica decisión se concreta tras la determinación del nuevo presidente colombiano, el abogado de derecha Abelardo de la Espriella, de incorporar oficialmente al país a la alianza internacional antidrogas promovida y liderada por el mandatario estadounidense Donald Trump, una coalición que agrupa a una veintena de naciones del continente.

Durante la reunión con los delegados de los países aliados, el jefe del Departamento de Defensa estadounidense detalló el alcance del acuerdo bilateral citando las gestiones directas del Ejecutivo colombiano: “A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”. Esta declaración consolida la postura manifestada por De la Espriella el pasado viernes durante su acto de investidura en un regimiento militar, escenario donde prometió combatir “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”, al tiempo que cerró de manera definitiva cualquier posibilidad de entablar negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley.

Coincidiendo con la toma de posesión presidencial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la proyección de destinar un paquete de ayuda financiera y militar de 1.000 millones de dólares para fortalecer la seguridad en Colombia. La magnitud del despliegue obedece a que el país se mantiene como el mayor productor mundial de cocaína, mientras que Estados Unidos figura como el principal mercado consumidor. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz fundamentados en cifras oficiales de 2025, en el territorio colombiano operan diversas organizaciones armadas ilegales financiadas por el tráfico de drogas que integran un pie de fuerza de aproximadamente 25.000 personas.

Con la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño se recompone la histórica alianza estratégica y militar entre Bogotá y Washington para contrarrestar el narcotráfico y las guerrillas de izquierda, una relación que había experimentado severos roces y fricciones diplomáticas durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Esta reactivación evoca los antecedentes de cooperación de las últimas dos décadas a través de iniciativas como el Plan Colombia y el Plan Patriota, estrategias a las que Washington inyectó miles de millones de dólares y que permitieron debilitar la capacidad operativa de los grupos rebeldes, aunque sin lograr detener el flujo de cocaína hacia el exterior.

Si bien Bogotá y Washington han mantenido cooperación continua en interdicción marítima en alta mar, el secretario Hegseth enfatizó que la Coalición de las Américas contra los Cárteles —integrada por gobiernos de tendencia derechista de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú— logrará desmantelar de manera definitiva a estas estructuras, clasificadas por el gobierno de Donald Trump bajo la categoría de organizaciones terroristas.

En su intervención ante la alianza multilateral, Hegseth lanzó una contundente advertencia sobre el cambio de doctrina en la región: “Están a punto de encontrarse con un nuevo sheriff en la ciudad”. Asimismo, el funcionario estadounidense justificó la presencia de su país argumentando que “la administración Trump sabe que un patio trasero más seguro significa un hogar más seguro”, aclarando que Washington no busca ejercer dominación, sino garantizar la protección continental frente a la injerencia de “actores extranjeros malignos”. El pronunciamiento tuvo lugar en Panamá, nación que fue objeto de presiones por parte de Trump tras su regreso al poder en 2025, cuando amenazó con retomar el control del canal interoceánico alegando una supuesta influencia de China, coyuntura que derivó en que la justicia panameña anulara la concesión operativa de dos puertos a una firma hongkonesa.

Paralelamente, el jefe del Pentágono defendió la agresiva política antidrogas implementada por la Casa Blanca desde hace casi un año, caracterizada por una campaña sin precedentes de bombardeos aéreos contra supuestas narcolanchas en aguas del mar Caribe y del océano Pacífico. De acuerdo con recuentos periodísticos de la agencia AFP, esta estrategia ha dejado un saldo de aproximadamente 215 personas fallecidas en cerca de 53 ataques ejecutados. Pese a que juristas internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que estas incursiones constituyen ejecuciones extrajudiciales, Hegseth aseveró que las operaciones aéreas han producido una “caída récord” en el tránsito de embarcaciones ilícitas.

En ese mismo escenario, el secretario de Defensa estadounidense urgió abiertamente a los países miembros de la coalición a retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que Washington no reconoce y al que considera un obstáculo judicial. Hegseth calificó a la CPI como una “amenaza” directa para las operaciones de seguridad y concluyó instando enérgicamente a las naciones aliadas a abandonar el organismo multilateral para evitar acciones penales derivadas de la lucha contra el narcotráfico.