Colombia le pidió perdón a mujer que fue abusada y marcada por las AUC

El Estado colombiano ofreció un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de excusas a María G., una mujer que sobrevivió a graves hechos de violencia en el marco del conflicto armado en Medellín y que durante más de dos décadas ha buscado justicia frente a un caso que permaneció en la impunidad. La ceremonia se realizó en la Universidad de Costa Rica, en San José, como parte de un acuerdo de solución amistosa alcanzado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El evento fue organizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y tuvo lugar en el Auditorio de Audiovisuales de la Universidad de Costa Rica. Durante la ceremonia se desarrolló un acto simbólico en el que la víctima estuvo presente, pero decidió mantener su identidad protegida. Su figura fue representada a través de una silueta proyectada detrás de un telón, acompañada posteriormente por otras siluetas que la tomaban de la mano y la abrazaban, como representación del respaldo institucional y de la memoria de las víctimas.

En el acto participaron, entre otras autoridades, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y representantes del Estado colombiano, quienes reconocieron las graves fallas institucionales en la protección de los derechos de la víctima y en la respuesta judicial frente a los hechos denunciados.

El caso se remonta a cuando María G. tenía 18 años y residía en el barrio Carpinelo, en la Comuna 1 de Medellín, una zona que para ese entonces estaba marcada por la confrontación entre los bloques Metro y Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la denuncia presentada por la víctima, en ese contexto sufrió graves hechos de violencia, incluidos actos de violencia sexual, tortura y amenazas.

Tras los ataques, los responsables la obligaron a caminar de regreso al barrio llevando un papel con un mensaje intimidatorio dirigido a la comunidad de Carpinelo. Las amenazas la obligaron a abandonar Medellín y desplazarse a Bogotá, donde dejó atrás sus estudios, su trabajo y el proyecto de vida que había construido.

Antes de abandonar la ciudad, María G. acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar lo sucedido. Sin embargo, según el expediente, durante años el proceso prácticamente no registró avances. El único procedimiento realizado fue un examen médico legal, sin que posteriormente se produjeran resultados efectivos en la investigación o sanciones contra los responsables.

En la documentación presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la víctima sostuvo que los hechos ocurrieron en medio de la disputa territorial entre los bloques paramilitares que ejercían control sobre el sector y afirmó que esas estructuras mantenían presuntas alianzas con integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Asimismo, expuso que, durante los enfrentamientos armados registrados en la Comuna 1 de Medellín, la violencia sexual contra las mujeres se convirtió en un mecanismo utilizado para intimidar a las comunidades y ejercer control sobre el territorio, hechos que atribuyó tanto a grupos paramilitares como a agentes estatales.

Ante la falta de resultados en Colombia, María G. y su familia acudieron en febrero de 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar presuntas violaciones a sus derechos a la integridad personal, la libertad, las garantías judiciales, la honra y la libre circulación.

Después de nueve años de estudio preliminar, en mayo de 2018 la CIDH declaró admisible la petición y concluyó que, de comprobarse los hechos denunciados, podrían configurarse violaciones a varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados con la integridad personal, la libertad, las garantías judiciales, la protección de la honra, la libertad de circulación, la igualdad ante la ley y la protección judicial.

El caso avanzó dentro del Sistema Interamericano y podía llegar a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia facultada para emitir sentencias obligatorias contra los Estados. Sin embargo, antes de que ello ocurriera, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la víctima alcanzaron un acuerdo de solución amistosa.

Como parte de ese acuerdo, el Estado colombiano aceptó realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, ofrecer excusas a la víctima y asumir compromisos de reparación. Aunque los términos completos del acuerdo no han sido divulgados, uno de los principales compromisos consistió en reconocer las falencias institucionales que permitieron que un caso de esta gravedad permaneciera impune durante años.

Con este acto, el Estado colombiano reconoció públicamente la necesidad de fortalecer las garantías de acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado y reafirmó su compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición frente a uno de los episodios que evidencian las consecuencias de la violencia y de la impunidad en el país.