Autoridades investigan amenazas con coronas fúnebres contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella publicadas por la cuenta @colombiailove. Mientras el Gobierno ofrece $1.000 millones de recompensa, candidatos como Iván Cepeda rechazan esta violencia que empaña la contienda presidencial de 2026.
La contienda electoral hacia la Casa de Nariño en 2026 ha entrado en una fase crítica tras la aparición de tácticas de intimidación que evocan las épocas más oscuras de la violencia política en el país. Este fin de semana, el ecosistema digital se estremeció con la difusión de una serie de imágenes macabras: coronas fúnebres acompañadas de la leyenda “Descanse en paz”, superpuestas a las fotografías de los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
La denuncia fue elevada inicialmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien compartió la evidencia de la amenaza directa contra Valencia. La imagen, un montaje en blanco y negro con la fecha de nacimiento de la senadora y el año 2026 como fecha de deceso, fue calificada por el exmandatario como un acto de “bandidos cobardes”. Uribe cuestionó abiertamente la responsabilidad de las plataformas digitales: “Todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, sentenció, encendiendo un debate nacional sobre la seguridad de los aspirantes de oposición.
El rechazo no tardó en cruzar las fronteras ideológicas. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien actualmente lidera las encuestas de intención de voto, marcó una postura institucional firme. A través de su cuenta en la red social X, Cepeda condenó “toda forma de agresión o violencia política contra mis adversarios”, haciendo referencia no solo a los fotomontajes, sino también a la reciente vandalización de la sede de campaña de Valencia en Bucaramanga. El líder de izquierda enfatizó la necesidad de “tratar con cuidado toda diferencia política”, buscando bajar la temperatura a una campaña que se percibe cada vez más convulsa.
@colombiailove: La cuenta fantasma que activó las alarmas
La investigación periodística ha permitido identificar el posible origen de este hostigamiento. En las capturas de pantalla difundidas se aprecia el nombre de usuario @colombiailove, una cuenta que operaba en la plataforma de videos TikTok. No obstante, al realizar el rastreo digital, se comprobó que el perfil fue eliminado recientemente, en lo que expertos consideran un intento deliberado por borrar la huella digital y dificultar la trazabilidad de los responsables.
La abogada Ani Bello fue una de las voces que alertó sobre este cierre estratégico: “Esta fue la cuenta de TikTok que publicó mensajes amenazantes... La cuenta fue cerrada, pero estoy segura de que, si la Fiscalía se toma su trabajo en serio, dará con el dueño”, afirmó. Pese a que en redes sociales sectores alineados con el Gobierno sugieren que las imágenes podrían ser producto de inteligencia artificial o ediciones de fotografías reales con otros propósitos, las autoridades consideran que el mensaje de odio y la amenaza a la vida son reales e inaceptables bajo cualquier tecnología.
Mil millones por la verdad y un llamado a la Fiscalía
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno nacional ha reaccionado con medidas de choque. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos para quien entregue información que permita capturar a los cerebros detrás de estas intimidaciones. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que se han dado instrucciones para reforzar los esquemas de seguridad de los candidatos afectados y asegurar que la democracia no se vea truncada por el terrorismo digital.
La sombra del magnicidio de Miguel Uribe sigue pesando sobre la memoria del país, lo que ha generado una presión social sin precedentes hacia la Fiscalía General de la Nación. Diversos sectores exigen que el ente investigador actúe con la misma celeridad que ha mostrado cuando las amenazas se dirigen hacia el presidente Gustavo Petro. La pregunta que queda en el aire es si los organismos de inteligencia del Estado lograrán identificar a los administradores de estas "bodegas" o ejércitos digitales antes de que las amenazas trasciendan las pantallas y se conviertan en tragedias físicas.
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