Disturbios en Bogotá y Cali tras conocerse los resultados del preconteo

Tras la consolidación del preconteo de la segunda vuelta presidencial que consagró la victoria de Abelardo de la Espriella, la noche del domingo y la madrugada de este lunes 22 de junio se transformaron en un escenario de caos absoluto y graves alteraciones del orden público. Las dos principales urbes del país, Bogotá y Cali, experimentaron una oleada simultánea de violencia urbana caracterizada por asaltos sistemáticos a los sistemas de transporte masivo, destrucción masiva del mobiliario público y encarnizados combates callejeros entre manifestantes y unidades de la Fuerza Pública.

La capital de la República vivió sus momentos de mayor zozobra en el sur y el suroccidente, específicamente en las localidades de Usme y Kennedy. En estos puntos, las barricadas, la quema de neumáticos y el bloqueo de arterias viales paralizaron por completo el tránsito. El punto máximo de tensión institucional se alcanzó cuando un grupo de manifestantes agredió físicamente a un gestor de convivencia, miembro clave del equipo de diálogo del Distrito. Aunque los reportes oficiales preliminares de las autoridades gubernamentales mantuvieron bajo reserva la identidad específica del funcionario, la gravedad de sus heridas y la hostilidad del entorno forzaron una orden de intervención inmediata para que los escuadrones antidisturbios de la Fuerza Pública se tomaran las calles mediante el uso de la fuerza.

En el corazón de Usme, de forma más precisa en el sector de La Marichuela, la situación rozó el descontrol cuando una turba de encapuchados —dentro de la cual las autoridades identificaron formalmente a varios menores de edad— coordinó un ataque directo contra las instalaciones de la estación de Policía de Monteblanco, al tiempo que intentaban saquear de forma masiva los establecimientos comerciales de la zona. Los uniformados lograron contener la arremetida y recuperar el control del perímetro exactamente a las 11:29 de la noche. Al mismo tiempo, el foco de violencia en Kennedy se concentró en los alrededores del Portal Américas, sobre la intersección de la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, donde se documentó la incineración total de una motocicleta y múltiples fogatas con llantas.

El impacto sobre la vida cotidiana de los bogotanos fue devastador para los servicios de movilidad. El sistema de transporte masivo TransMilenio se vio obligado a ejecutar el cierre preventivo de 22 estaciones y a clausurar por completo las operaciones en los portales 20 de Julio y Américas, una maniobra de emergencia que dejó a la deriva a cerca de 183.000 usuarios en plena noche. La onda expansiva de la crisis civil alcanzó también al sector educativo, empujando a la rectoría de la Universidad Nacional a emitir una autorización formal para migrar al trabajo no presencial durante toda la jornada de este lunes 22 de junio, previendo nuevos focos de inestabilidad en los entornos universitarios.

Por otro lado, la capital del Valle del Cauca sufrió afectaciones materiales de gran magnitud que golpearon la infraestructura de control vial y el sistema integrado de transporte MÍO, con un epicentro de máxima violencia localizado en el sector aledaño a Puerto Rellena. Las autoridades locales cuantificaron el daño tecnológico en un balance que arrojó un total de 15 cámaras de fotodetección vandalizadas, de las cuales tres fueron arrancadas y derribadas en su totalidad. En paralelo, grupos de manifestantes asaltaron de forma violenta diversas paradas de la Troncal Oriental del MÍO, destruyendo a su paso las casetas de recaudo de dinero y las barreras físicas de control de acceso.

Frente a la magnitud de los destrozos en la capital vallecaucana, el comando de la Policía Metropolitana de Cali reportó que sus unidades lograron retomar el control territorial durante la madrugada de este lunes 22 de junio, dando inicio inmediato a las tareas de judicialización de los presuntos responsables mediante el análisis técnico de material audiovisual recolectado en las zonas de los disturbios. Con el objetivo de acelerar los procesos de captura de los vándalos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en una acción conjunta con la Alcaldía de Cali, oficializó el lanzamiento de una recompensa económica de hasta 200 millones de pesos a cambio de información efectiva y certera que permita la plena identificación jurídica de los autores de los desmanes.