En plena recta final de las elecciones, David Murcia interpone denuncia disciplinaria a De la Espriella

Un nuevo capítulo judicial se abre en torno a David Murcia Guzmán, fundador de DMG, tras la presentación de una denuncia disciplinaria contra su exabogado Abelardo de la Espriella, hoy aspirante presidencial. El caso ha generado atención pública por las graves acusaciones que involucran el manejo de honorarios, la confidencialidad profesional y la actuación durante el proceso penal del empresario.

De acuerdo con el documento radicado ante las autoridades competentes, Murcia Guzmán señala a su antiguo defensor de presuntas faltas a los principios de lealtad, ética y diligencia. Entre los señalamientos más delicados figura la supuesta apropiación de 5.000 millones de pesos entregados como pago por servicios jurídicos, así como el abandono de su representación legal.

La denuncia también plantea que el abogado habría revelado información confidencial del caso, lo que constituiría una vulneración a la reserva propia de la relación entre cliente y defensor. Adicionalmente, se cuestiona la actuación durante el proceso de captura, al no haber dejado constancia de presuntas irregularidades relacionadas con el lugar y la fecha de detención del empresario.

Según la versión expuesta, Murcia Guzmán fue detenido en Panamá y no en Cartagena, como se habría consignado oficialmente, además de existir inconsistencias en la cronología del procedimiento. Estos elementos forman parte de los argumentos que sustentan la queja disciplinaria.

La abogada Sondra Macollins, quien actualmente representa al empresario y también participa en la contienda presidencial, confirmó que el proceso ya tiene una fecha clave: el próximo 4 de junio se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que se expondrán las pruebas ante el Consejo Seccional de la Judicatura.

Macollins explicó que la denuncia fue formalizada tras sugerirle a su cliente acudir a instancias disciplinarias para reclamar lo que considera una vulneración de sus derechos. En ese sentido, sostuvo que buscan demostrar la entrega del dinero, la falta de representación efectiva y la no devolución de los recursos.

En respuesta a los cuestionamientos, la defensa de De la Espriella ha planteado que la reclamación sobre honorarios estaría prescrita, argumento que ha sido rechazado por la representación de Murcia Guzmán. Según Macollins, los términos legales no han expirado debido a que no se ha producido la devolución de los recursos.

El caso también revive el debate sobre la situación judicial del fundador de DMG, quien, según su defensa, habría sido condenado en dos ocasiones por los mismos hechos, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Esta circunstancia, afirman, podría abrir la puerta a solicitudes relacionadas con el reconocimiento del tiempo cumplido y la aplicación del principio de igualdad.

Paralelamente, la abogada señaló que representa a cientos de miles de personas afectadas por la intervención estatal a DMG, lo que añade un componente social y económico a la controversia. Para estos sectores, la expectativa también está puesta en el desarrollo del proceso y en las decisiones que adopten las autoridades.

Mientras se acerca la audiencia, el caso se posiciona como uno de los más sensibles en el ámbito político y judicial, al involucrar a un candidato presidencial y a uno de los episodios más recordados del sistema financiero informal en el país.