País - Abril 22 de 2026 - 03:39 PM

Exdirectora del Dapre denunció entramado de corrupción al interior del Gobierno Petro

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien fuera una de las funcionarias más cercanas a Petro, encendió las alarmas al denunciar una red de corrupción que busca apropiarse de 1,2 billones de pesos. En sus declaraciones, acusó a Juliana Guerrero de manejar hilos contractuales en varias carteras y a Carlos Carrillo de enviarle un espía al Fondo de Adaptación para grabarla. Rodríguez afirma que el presidente Gustavo Petro desconoce estos hechos

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Una fractura interna sin precedentes sacude los cimientos de la administración de Gustavo Petro. Angie Rodríguez, quien durante más de un año fue la sombra del mandatario como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual directora del Fondo de Adaptación, ha roto el silencio para denunciar un presunto entramado de corrupción que califica como un “concierto para delinquir”.

Según la funcionaria, dentro del Ejecutivo opera una red dedicada a la apropiación de recursos públicos que superan la astronómica cifra de 1,2 billones de pesos.Las declaraciones de Rodríguez, concedidas a medios nacionales, apuntan directamente a Juliana Guerrero como la pieza maestra de este engranaje.

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Según la denunciante, Guerrero ejerce una influencia determinante y peligrosa en decisiones administrativas y contractuales de entidades clave como el mismo Dapre, el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de la Igualdad, a pesar de los cuestionamientos previos que la rodean por presuntos títulos falsos. Rodríguez sostiene que esta red involucraría a más de 20 personas, configurando una estructura paralela de poder económico dentro del Estado.

Espionaje e infiltraciones en el Fondo de Adaptación

Uno de los puntos más inquietantes de la denuncia es la acusación de persecución política y espionaje. Rodríguez señaló directamente a Carlos Carrillo de haber infiltrado a un funcionario dentro del Fondo de Adaptación con el único propósito de recolectar información confidencial y realizar grabaciones ilegales para desestabilizar su gestión.

Como respaldo a esta grave afirmación, la exdirectora del Dapre aseguró poseer mensajes y un video que evidenciarían estas maniobras. "Había un espía recopilando información en mi contra para facilitar el control de los recursos", afirmó.

Por su parte, Carlos Carrillo reaccionó de inmediato calificando las acusaciones como "ataques mediáticos" y exigiendo que se presenten pruebas ante la justicia, sugiriendo que Rodríguez intenta deslegitimar a sectores del Gobierno por tensiones internas.

En la misma línea, Rodríguez mencionó a José Raúl Moreno y expresó una profunda desconfianza hacia el papel de Wilmar Mejía en el Ejecutivo, aunque evitó profundizar en este último.

Un presidente "aislado" y el cerco del Jefe de Despacho

Rodríguez, quien fuera una de las personas de mayor confianza de Petro, lanzó una tesis que preocupa a los analistas políticos: el presidente estaría aislado de la realidad de su propia administración. S

egún su versión, el círculo más cercano al mandatario, liderado por el jefe de despacho, filtra la información que llega a sus oídos, impidiéndole conocer las irregularidades en los nombramientos y las disputas por el control contractual que ella misma intentó advertir antes de ser distanciada del círculo primario de la Casa de Nariño.

Expertos penalistas advierten que estas denuncias no pueden quedar en el aire, pues de confirmarse, se estarían configurando delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y corrupción administrativa. Sin embargo, también subrayan que Rodríguez, como servidora pública, tiene la obligación legal de formalizar estas pruebas ante la Fiscalía de inmediato.

Este escándalo no solo expone una lucha de poderes por el presupuesto nacional, sino que pone en tela de juicio la cohesión de un Gobierno que hoy enfrenta su frente de crisis más amargo: el de la "traición" interna.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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