Explota caso Alcocer: correos del Banco Agrario detallan movimientos por miles de millones

Una serie de correos y memorandos obtenidos por Mañanas Blu abrió un nuevo capítulo alrededor de operaciones crediticias y acuerdos comerciales solicitados por empresas relacionadas con los hermanos de Verónica Alcocer. El Banco Agrario analizó estos procesos entre 2022 y 2025, dejando constancia de preocupaciones internas sobre la cercanía entre la entidad estatal y el entorno familiar de la primera dama.

Créditos por más de $8.000 millones y advertencias internas

Uno de los correos más sensibles, fechado el 23 de noviembre de 2022, detalla un proyecto inmobiliario que contemplaba dos créditos: uno por $4.236 millones a Praga Servicios Inmobiliarios S.A. y otro por $3.767 millones a Fema Reforestaciones S.A.S.. En ese momento, los hermanos de la primera dama tenían casi el 90% de participación en Praga y alrededor del 50% en Fema.

El plan incluía una fiducia respaldada con activos de ambas compañías, mientras que los contratos de arriendo del edificio Centum Business Building serían manejados a través de Inalca Colombia S.A.S., lo que garantizaría los pagos. Aunque la propuesta avanzó en análisis internos, los desembolsos nunca se concretaron. Varios funcionarios señalaron un alto riesgo reputacional, advertencia que quedó registrada en un informe a Sarlaft.

Nuevas solicitudes y un patrón que llamó la atención

El 14 de marzo de 2023 surgió una nueva petición: un crédito por $5.000 millones promovido por Aforestar S.A.S., Fema Reforestaciones y el empresario Nelson Eduardo Silva, con participación de Finagro y un plazo a 72 meses. Si bien no se ha confirmado si la operación llegó a aprobarse, los documentos muestran que alcanzó etapas de estudio avanzadas.

En el sistema del banco también aparece un desembolso de $898 millones a Aliados Financieros y Servicios S.A.S. Zomac, cuyos accionistas son los mismos de Fema. La investigación sugiere la existencia de una estructura societaria entre varias de estas empresas que, en teoría, podría facilitar la fragmentación de montos grandes en varias solicitudes para aumentar su viabilidad ante el banco.

Memorandos comerciales y comunicaciones internas concluyeron que el impacto reputacional que implicaría aprobar créditos por encima de los $8.000 millones para compañías vinculadas a la familia Alcocer era suficiente para abstenerse de emitir concepto favorable. No obstante, los documentos resaltan que no existe evidencia de delitos por parte de los involucrados.

El contrato de arriendo que también generó cuestionamientos

Las alertas no se limitaron a solicitudes de crédito. En marzo de 2025, el Banco Agrario firmó un contrato de arrendamiento por $3.669 millones, con una vigencia de diez años, para trasladar una de sus sucursales al edificio Centum Business Building, propiedad en parte de Praga y Fema. El canon mensual quedó fijado en $30 millones, gestionados igualmente a través de Inalca Colombia S.A.S.

Este contrato reforzó las inquietudes internas sobre la relación comercial entre el banco estatal y empresas del entorno familiar de la primera dama, aunque la entidad subrayó en sus comunicaciones que todos los procesos pasaron por revisiones jurídicas y no violan la ley.

El Banco Agrario no se ha pronunciado oficialmente sobre los nuevos hallazgos, mientras que los documentos siguen generando debate sobre gobernanza, transparencia y los límites éticos en las relaciones entre funcionarios públicos y entidades del Estado.