Familia de Valeria Afanador pide imputar a rectora y docentes por su muerte en Cajicá

La muerte de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años encontrada sin vida en agosto de 2025 en el río Frío, en el municipio de Cajicá (Cundinamarca), volvió a reabrir un fuerte debate judicial luego de que su familia solicitara a la Fiscalía General de la Nación imputar cargos contra directivos y docentes del colegio donde estudiaba. La petición, presentada esta semana, señala presuntas omisiones en los protocolos de cuidado del Gimnasio Campestre Los Laureles que, según los representantes de las víctimas, permitieron la desaparición de la menor y desembocaron en un desenlace fatal que hoy sigue bajo investigación penal.

El caso de Valeria Afanador Cárdenas vuelve a tomar fuerza en los estrados judiciales. A más de un año del hallazgo del cuerpo de la menor en el río Frío, la familia pidió a la Fiscalía avanzar hacia una etapa decisiva del proceso: la imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del plantel educativo donde la niña cursaba sus estudios.

La solicitud fue radicada por el abogado Julián Quintana, quien actúa como representante de las víctimas. En el documento se reclama que se formule imputación por el delito de homicidio doloso agravado, bajo la figura de dolo eventual, contra Sonia Inés Ochoa, rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles, así como contra los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón.

Según la defensa, el acervo probatorio recolectado hasta ahora permite sostener que los tres tenían una posición de garante sobre la seguridad de la menor. Esto significa que estaban jurídicamente obligados a protegerla y a evitar que se expusiera a situaciones de peligro, algo que, a juicio de la familia, no ocurrió.

El planteamiento central es que la muerte de Valeria no fue un hecho imprevisible. Por el contrario, se habría producido a partir de una serie de omisiones dentro del entorno escolar que incrementaron un riesgo que podía ser controlado. Para la representación de las víctimas, la falta de reacción adecuada permitió que la niña quedara fuera de los mecanismos de custodia del colegio y terminara desaparecida.

Los hechos se remontan al viernes 29 de agosto de 2025, cuando el cuerpo de la menor fue hallado en el sector conocido como La Fagua, en jurisdicción de Cajicá. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la causa de la muerte fue ahogamiento, un dato que orientó la investigación hacia la reconstrucción del recorrido previo de la niña antes de llegar al río.

En la petición elevada a la Fiscalía se sostiene que la rectora del establecimiento habría incumplido su deber de garantizar un sistema efectivo de vigilancia, control y protección de los estudiantes. La defensa asegura que existían debilidades en los protocolos institucionales que eran conocidas por la directiva, pero que no fueron corregidas pese a los riesgos que implicaban.

En cuanto a la profesora Emely Fuentes, el escrito indica que permitió que la menor saliera del aula sin activar los mecanismos de alerta o acompañamiento que correspondían. Esa omisión, según el abogado, dejó a Valeria fuera del control escolar en un momento clave.

Respecto al docente Diego Pinzón, la familia sostiene que este habría detectado una situación irregular al notar a la niña fuera de su salón en un horario no autorizado. Sin embargo, pese a tener la capacidad y el deber de intervenir, no adoptó medidas para devolverla al entorno seguro del colegio.

“La evidencia permite afirmar que existía un deber jurídico de actuar y que, al no hacerlo, se mantuvo un riesgo no permitido que terminó materializándose en el resultado fatal”, expone la solicitud presentada ante el ente investigador.

Para los familiares de Valeria, la investigación no debe limitarse a establecer cómo murió la niña, sino por qué fallaron quienes tenían la obligación de protegerla. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar si las pruebas permiten avanzar hacia la imputación formal, en un proceso que sigue generando cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y el deber de cuidado dentro de las instituciones educativas.