"Hasta que jure, soy el comandante supremo": Petro responde a De la Espriella y le niega los cuarteles para la posesión

El presidente Gustavo Petro cerró la puerta a que su sucesor, Abelardo de la Espriella, se posesione en un cuartel. En respuesta directa al requerimiento formal enviado por el equipo del presidente electo, el mandatario saliente ordenó que ningún establecimiento militar o policial sirva de escenario para la ceremonia de transmisión del mando programada para el 7 de agosto. La respuesta la publicó el propio Petro en su cuenta de X, donde sostuvo que conserva el mando sobre toda la fuerza pública hasta el instante en que el presidente electo jure el cargo, y que hasta ese momento es él quien ostenta la condición de comandante supremo. "Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure", escribió.

El eje del argumento de Petro es constitucional. El jefe de Estado insistió en que la Carta de 1991 establece que la investidura presidencial debe cumplirse ante el Congreso reunido en sesión plena, y que ese órgano tiene una sede definida por la ley en la capital de la República. Con un tono cargado de simbolismo, el presidente afirmó que en los cuarteles no se legisla sino que se ejecutan tareas de seguridad, y que allí no se debaten "las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros". Añadió que un oficial solo rinde saludo militar a su comandante supremo y no a un civil, en alusión directa a por qué, según él, la fuerza pública no puede ser anfitriona del acto.

La controversia se originó en la propia iniciativa del presidente electo. De la Espriella, quien desde campaña anunció su intención de posesionarse en una guarnición como homenaje a soldados y policías, remitió una carta formal solicitando autorización para trasladar de manera excepcional la sede del Legislativo a una base militar en Popayán. En la misiva, su equipo pidió que la respuesta se emitiera con la mayor prontitud, al advertir que la preparación logística y protocolar de la ceremonia exige definiciones antes de que el nuevo Congreso se instale el 20 de julio. La discusión se abrió después de que el Consejo Nacional Electoral ratificara a De la Espriella como presidente electo el pasado 25 de junio. El punto es jurídicamente ambiguo: el artículo 140 de la Constitución fija la sede del Congreso en la capital, pero permite modificarla por común acuerdo de las cámaras, de modo que los juristas están divididos entre quienes ven válido el cambio y quienes lo consideran inviable.

Más allá del debate procedimental, Petro elevó el tono con una serie de señalamientos de fondo. El presidente calificó al entrante como un "gobierno no votado por la mayoría del pueblo" y afirmó que "la soberanía nacional ha sido quebrantada por extranjeros que usurparon el derecho del pueblo a elegir libremente", rematando con la frase "Bolívar vuelve a morir". Se trata de aseveraciones graves que el mandatario no acompañó de pruebas públicas en el mensaje, y que se producen pese a que la autoridad electoral ya ratificó oficialmente el resultado del balotaje. En pronunciamientos previos, Petro ha dicho tener evidencias de fraude y ha llegado a señalar que el verdadero ganador sería el candidato de la izquierda.

El presidente saliente acompañó su postura con varios gestos de alta carga simbólica. Restó importancia a la negativa del presidente electo a estrecharle la mano —"que Abelardo no me dé la mano es, más o menos, un halago", dijo— y anunció que la espada de combate de Simón Bolívar regresará a la Quinta de Bolívar, la casa que el Libertador habitó junto a Manuela Sáenz, a quien evocó como una figura abandonada por el país. La referencia a la espada tiene un peso particular en la biografía de Petro, cuyo antiguo movimiento, el M-19, sustrajo esa pieza en 1974.

Como último gesto, Petro ordenó incorporar al pasillo de retratos presidenciales las imágenes del único presidente afrodescendiente y del único presidente indígena en la historia del país. Se trata de Juan José Nieto Gil, quien ejerció como presidente de la Confederación Granadina en 1861, y del general José María Melo, de ascendencia pijao, que asumió el poder en 1854. El cierre del capítulo, sin embargo, dependerá de las instituciones: el Congreso, el Consejo de Estado y los organismos de control deberán dirimir una disputa que, de no resolverse en los términos que exige la Constitución, podría escalar a una crisis institucional sin precedentes recientes.