País - Octubre 27 de 2026 - 06:04 PM

Hombres armados secuestran a una joven dentro de una panadería en el Valle del Cauca

Lizeth Alejandra Castaño Montes, de 19 años, fue secuestrada la madrugada del 27 de octubre de 2026 por tres hombres encapuchados en una panadería de su familia en el barrio La Primavera de Guacarí. La Gobernación del Valle ofreció $30 millones de recompensa mientras el Ejército y la Policía la buscan.

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Un despliegue de seguridad sin precedentes se activó desde las primeras horas de este martes 27 de octubre de 2026 en la zona central del departamento del Valle del Cauca tras el secuestro de Lizeth Alejandra Castaño Montes. La joven, de 19 años de edad e hija de un reconocido comerciante de la región, fue raptada por un grupo de hombres armados mientras se encontraba en el interior de una panadería de propiedad familiar, ubicada en las calles del barrio La Primavera, en el municipio de Guacarí.

La reconstrucción cronológica basada en los registros de las cámaras de seguridad fijó el momento exacto del ataque a las 5:12 de la mañana. En el metraje audiovisual se observa la llegada sorpresiva de una camioneta de color negro que se estacionó justo al frente del establecimiento comercial. Del vehículo descendieron tres hombres con los rostros cubiertos por capuchas y portando armas de fuego de corto y largo alcance, quienes irrumpieron violentamente en el local comercial donde Lizeth Alejandra se hallaba acompañada por un trabajador del negocio y por un joven que sería su pareja sentimental.

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En cuestión de segundos, los desconocidos intimidaron encañonando a los presentes y obligaron a la joven de 19 años a salir de la panadería bajo amenazas. Castaño Montes fue subida a la fuerza en la parte trasera de la camioneta negra, la cual emprendió la huida a gran velocidad con rumbo desconocido sobre los corredores viales que conectan al municipio de Guacarí con las zonas rurales y montañosas del departamento. Al momento de la incursión armada, el padre de la víctima —propietario de varios establecimientos comerciales de panadería en el centro del Valle— no se encontraba en la población, debido a que adelantaba gestiones de negocios en la ciudad de Medellín.

Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades del departamento convocaron a un consejo extraordinario de seguridad encabezado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien anunció de manera oficial una recompensa de hasta 30 millones de pesos a la ciudadanía por información certera que permita dar con la ubicación de Lizeth Alejandra, la identificación de los tres hombres encapuchados o el rastreo de la ruta tomada por el vehículo. Paralelamente, la Policía Nacional y el Ejército Nacional activaron la estrategia de "plan candado" en el casco urbano de Guacarí, extendiendo los patrullajes y puestos de control a las vías secundarias de municipios colindantes como Ginebra y El Cerrito.

En los reportes preliminares de la fuerza pública se indicó que el comerciante no registraba denuncias previas por extorsión ni antecedentes de amenazas en su contra. De igual forma, hasta el momento los captores no han establecido contacto telefónico con los familiares para realizar exigencias económicas de rescate. Dentro de las líneas de investigación que manejan los organismos de inteligencia y el Gaula militar no se descarta la posible autoría de estructuras disidentes de las FARC que operan en los frentes montañosos de la cordillera Central, aunque hasta ahora ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido la responsabilidad de la retención ilegal de Lizeth Alejandra Castaño Montes.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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