País - Octubre 31 de 2026 - 08:20 PM

¡Llegó el Ejército! Más de 500 soldados se toman las calles de Cúcuta tras la ola de sangre

El refuerzo militar llega tras el asesinato de un precandidato a la Alcaldía y un atentado con explosivos cerca del puente internacional. En los barrios, la medida tiene respaldo, pero piden presencia en la periferia.

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Más de 500 soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 28 llegaron a Cúcuta y su área metropolitana para reforzar la militarización ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. La noche del viernes, además, un helicóptero del Ejército sobrevoló la ciudad pidiendo denuncias y difundiendo recompensas por los cabecillas del ELN.

Los uniformados llegaron 48 horas después de la orden presidencial. Según el Ejército, se integran a la campaña militar y policial Esparta, que apunta contra las estructuras armadas ilegales y busca contener la guerra entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en Norte de Santander, con énfasis en el Catatumbo.

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La noche del viernes 30 de octubre, un helicóptero Huey II equipado con un sistema de sonido de largo alcance recorrió el cielo de Cúcuta y su área metropolitana. Desde el aire se lanzaron volantes con las recompensas ofrecidas por información sobre cabecillas de grupos armados, entre ellos alias Antonio García, máximo jefe del ELN. El mensaje pidió a la comunidad reportar actividades sospechosas y movimientos de integrantes de estas estructuras a la línea 107, gratuita y disponible las 24 horas. La estrategia incluye también perifoneo en las calles y mensajes preventivos en la emisora Colombia Estéreo.


Los barrios piden que los soldados lleguen a la periferia


En los barrios, la medida tiene respaldo, pero con condiciones. Raúl Arévalo, presidente de la junta de acción comunal de Colinas del Tunal, una de las zonas más difíciles de la ciudad, la calificó como positiva y aseguró que debió ordenarse antes. Pidió que el despliegue llegue a los barrios periféricos, los anillos viales y las entradas de Cúcuta, y que se acompañe con más alumbrado, estaciones de Policía fortalecidas y cámaras.


En la misma línea, Froilana Gelves, presidenta de la junta de acción comunal de San Mateo, pidió más patrullajes, más retenes y cámaras de vigilancia, mientras que el veedor ciudadano Samir Contreras planteó que los militares se ubiquen en las vías principales y en la zona rural, donde, según dijo, se concentran los delitos.


El comercio también habló. Eduardo Quintero, presidente de Asobares, consideró necesarias las medidas y espera un balance positivo al cierre del puente festivo. Andrea Sanabria, gerente de Cenabastos, señaló que desde agosto el temor ha reducido las ventas en la central de abastos.


La militarización llegó tras una semana violenta. El 26 de octubre fue asesinado a bala Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía, en el Anillo Vial Occidental. Al día siguiente, una explosión en el sector de El Escobal, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander y de la sede de la Dian, dejó heridos a civiles y policías. Por ese atentado, las autoridades buscan a alias ‘David’, señalado como presunto integrante del ELN.


El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, anunció que la próxima semana llegará un refuerzo de 350 hombres más y que los resultados de la medida, que calificó como temporal y medible, se evaluarán en unos 15 días. El martes 3 de noviembre entran en operación los bloques especiales Esparta y Bosur, y el presidente De la Espriella anunció que viajará a Cúcuta para supervisar los operativos. La capital de Norte de Santander es la segunda ciudad militarizada en este gobierno, después de Santa Marta, el 22 de septiembre.

Publicado por Redacción Nacional
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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