País - Mayo 06 de 2026 - 03:12 PM

MinCiencias denuncia irregularidades en Colfuturo: Petro dice que hay $540 mil millones desaparecidos

MinCiencias denunció ante entes de control presuntas irregularidades por 540.000 millones de pesos en el programa Crédito Beca operado por Colfuturo. Los hallazgos incluyen falta de soportes contables, rendimientos no reportados e inversiones en Panamá sin autorización en los convenios vigentes.

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) ha formalizado una denuncia ante los organismos de control del Estado para que se inicie una investigación exhaustiva sobre el programa Crédito Beca. Esta iniciativa, destinada a financiar la formación de posgrado de colombianos en el exterior, es operada por Colfuturo, entidad sobre la cual recaen serias dudas tras el hallazgo de presuntas irregularidades financieras que ascenderían a más de 540.000 millones de pesos.

La Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI de MinCiencias adelantó una revisión técnica entre febrero y marzo de 2026, basada en reportes de la propia operadora y extractos bancarios. El informe resultante advierte sobre un conjunto de debilidades administrativas que podrían haber comprometido la transparencia y el control del patrimonio público transferido mediante convenios de cooperación.

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Irregularidades en la administración de rendimientos y cuentas

Dentro de los hallazgos más críticos, la cartera ministerial señaló que entre los años 2009 y 2022, Colfuturo habría gestionado los recursos públicos sin una separación clara de sus cuentas propias. Esta falta de segregación financiera habría derivado en la distribución de rendimientos estimados en 4.800 millones de pesos mediante un sistema de "prorrateo interno" que no fue documentado ni informado al Gobierno Nacional.

Asimismo, MinCiencias denunció la opacidad en el manejo del Convenio 624 de 2009. Se estima que durante el periodo 2009-2016 se gestionaron 247.025 millones de pesos sobre los cuales la entidad operadora no habría entregado los soportes contables requeridos, imposibilitando la verificación de excedentes de liquidez.

Gestión ineficiente del portafolio en el exterior

El informe judicial detalla un deterioro progresivo en la rentabilidad del portafolio. Mientras que en 2019 el 94 % de los recursos generaba rendimientos, para diciembre de 2024 el 93 % del capital permanecía inactivo en cuentas corrientes. Un caso puntual resalta el hallazgo de una cuenta en el Banco de Bogotá de Miami con 7 millones de dólares estáticos por más de un año, lo que significó un lucro cesante de aproximadamente 2.755 millones de pesos.

Hacia el cierre de 2025, el 96 % del portafolio invertido (cerca de 99.938 millones de pesos) se encontraba concentrado en depósitos a término en tres entidades bancarias colombianas con sede en Panamá. Esta jurisdicción, bajo vigilancia tributaria internacional, no figuraba en los convenios suscritos. Incluso, se detectó un certificado de depósito en Davivienda Panamá por 144.000 dólares a nombre de un bufete de servicios corporativos panameño, sin una vinculación clara establecida con Colfuturo.

Inconsistencias contables y falta de transparencia

Finalmente, el Gobierno Nacional alertó sobre fallas recurrentes en la presentación de la información financiera. Los reportes entregados por la operadora presentarían cifras mezcladas en pesos y dólares sin tasas de conversión claras, errores aritméticos, omisión de nombres de beneficiarios y periodos de hasta cuatro años donde los rendimientos fueron registrados en cero sin justificación técnica. La denuncia busca que la Fiscalía y la Contraloría determinen las responsabilidades legales frente al manejo de estos recursos públicos destinados a la educación superior.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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