Mujer denuncia en Semana que Petro le pagó servicios sexuales con contratos

Las acusaciones sobre el manejo de la contratación pública y la conducta privada en la Presidencia de la República tomaron un giro judicial y mediático de dimensiones nacionales. Un testimonio entregado por una exfuncionaria del Estado, sumado a las denuncias presentadas ante el Congreso de la República por la actual administración, expuso un presunto entramado de instrumentalización de mujeres jóvenes, entrega de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) financiada con fondos del Erario e intermediación para el transporte e ingesta de sustancias estupefacientes durante el ejercicio del expresidente Gustavo Petro.

La secuencia de los hechos que destapó el caso se inició el 28 de julio de 2026, una semana antes del relevo institucional y la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. En esa fecha, una funcionaria identificada como Deicy Jiménez, de 26 años de edad, envió las primeras comunicaciones electrónicas manifestando su intención de denunciar situaciones de abuso de poder y manipulación

. Una vez finalizado el periodo presidencial de Petro y tras superar compromisos familiares derivados del reciente sismo que afectó al país, la denunciante acudió el 28 de agosto a las instalaciones de la revista SEMANA, donde rindió una amplia declaración grabada y aportó un acervo de evidencias digitales y documentales que quedaron bajo reserva para ser radicadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En su relato, Jiménez detalló que conoció a Petro en 2019 a través de una plataforma para adultos cuando él se desempeñaba como senador. Tras un encuentro inicial en la ciudad de Cali, se trasladó a Bogotá, punto desde el cual comenzó a recibir vinculaciones laborales en entidades estatales como el Senado de la República —donde figuró como recomendada en la unidad de trabajo legislativo de la congresista María José Pizarro—, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Las planillas contractuales verificadas confirman que la mujer mantuvo contratos de prestación de servicios de manera continua durante cinco años, vinculaciones que, según su testimonio, eran facilitadas como contraprestación por servicios sexuales y para garantizar el silencio de un grupo que estima en entre 30 y 40 mujeres jóvenes, muchas de ellas bachilleres y vinculadas previamente al modelaje por webcam.

Las declaraciones revelaron además episodios relacionados con el consumo y transporte de alucinógenos. Jiménez sostuvo que la ingesta de cocaína —en forma de polvo y fragmentos conocidos como "piedras"— era un requisito habitual en los encuentros privadas, aportando registros fotográficos de papeletas de droga y dinero en efectivo. La denunciante confesó haber actuado como intermediaria para adquirir dosis de cocaína por un valor de $3 millones en efectivo a una banda delincuencial fuera de Bogotá, trasladando la sustancia estupefaciente oculta en su equipaje a bordo de un vuelo comercial con destino a la capital para entregarla en su residencia. A estos señalamientos se sumó el uso de perfiles falsos en redes sociales para la coordinación de citas, presiones para no establecer otras relaciones personales y la existencia de amenazas de muerte contra otras mujeres del entorno que intentaron hacer públicas estas conductas.

El testimonio de Jiménez coincidió con la intervención oficial realizada esta semana en el Congreso por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos. El funcionario denunció formalmente que la Casa de Nariño fue estructurada durante el anterior mandato para sostener a cerca de 48 mujeres instrumentalizadas a través de nóminas de OPS. Ríos confirmó que varias de las afectadas están aportando pruebas y los nombres de los coordinadores y presuntos proxenetas de la red, al tiempo que la defensa de Jiménez solicitó esquemas de protección especial ante posibles represalias tras la publicación del expediente.