Nueve integrantes de la fuerza pública secuestrados por las Farc serán sometidos a un 'juicio revolucionario'

Un comunicado fechado el 10 de noviembre de 2026 por el Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) anunció el inicio de un denominado "juicio revolucionario" contra nueve integrantes de la Fuerza Pública que la organización armada mantiene secuestrados.

En el documento, la estructura ilegal identificó con nombres propios a los nueve uniformados privados de la libertad: Jamerson Guachetá, José Larrahondo, José Buitrón, Bryan Toro, Harold Luis Ricardo, Jason García, Víctor Yepes, Anderson Sancha y Adrián Guevara. El grupo armado los catalogó bajo la figura de "prisioneros de guerra" dentro del desarrollo de la confrontación armada interna, aunque omitió especificar las fechas exactas y las ubicaciones geográficas en las que ejecutó cada uno de los secuestros, así como el cronograma para la apertura de las diligencias.

De acuerdo con la declaración emitida por la facción armada, el procedimiento interno se regirá por lo que denominan sus "normas internas de conducción de la guerra" y sus "principios revolucionarios", asegurando que los procesados contarán con "garantías de defensa y contradicción".

En el texto, el grupo ilegal formuló acusaciones contra los secuestrados, señalándolos de participar en operaciones militares y labores de inteligencia dirigidas contra su estructura, además de vincularlos con el "proyecto contrainsurgente", la ejecución de megaproyectos y el despliegue paramilitar. Asimismo, la organización aseguró haberles brindado las "mejores condiciones posibles durante su privación de la libertad" y afirmó haber remitido pruebas de supervivencia a sus núcleos familiares.

En paralelo al anuncio de los procesos internos contra los nueve uniformados secuestrados, el Estado Mayor Central incluyó en su pronunciamiento cuestionamientos hacia el sistema penitenciario y la política criminal del Estado colombiano, planteando la apertura de "un gran debate nacional" sobre la situación de los presos comunes, políticos y de conciencia.

Según lo afirmado en el comunicado de la agrupación armada, la población reclusa en las cárceles del país enfrenta agresiones, torturas y limitaciones en el suministro de agua, alimentación y servicios médicos, asegurando que se registran fallecimientos por falta de atención sanitaria o persecución política. El documento concluyó con una referencia al impacto del conflicto en las familias de soldados, policías y guerrilleros, un llamado a los jóvenes para abstenerse de ingresar a la Fuerza Pública y una reiteración sobre la búsqueda de una salida política.

Mientras el grupo armado divulgaba este pronunciamiento, el Gobierno nacional reportó avances operacionales contra estructuras disidentes en el marco de la política de seguridad implementada por el presidente Abelardo de la Espriella desde su posesión el 7 de agosto de 2026. A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado confirmó el sometimiento a la justicia de Jhan Carlos Rodríguez Mandela, conocido con el alias de Chapolo, señalado como uno de los cabecillas de la estructura Ismael Ruiz, facción vinculada a las disidencias comandadas por Iván Mordisco.

Según el reporte oficial del mandatario, junto con alias Chapolo se entregaron a las autoridades otros cuatro integrantes de esa misma organización armada. Durante el procedimiento de sometimiento, la Fuerza Pública incautó un material de guerra compuesto por cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y munición de diversos calibres, elementos cuyas fotografías fueron publicadas por el presidente. Rodríguez Mandela era requerido por la Policía Nacional en el departamento del Tolima por su presunta responsabilidad en intimidaciones enviadas a través de mensajes de WhatsApp contra candidatos al Congreso de la República.

Al atribuir estas entregas a la presión ejercida por las tropas en el territorio, De la Espriella señaló: “A los criminales les quedan dos caminos: someterse a la justicia o enfrentar toda la contundencia de nuestra Fuerza Pública”. En ese mismo balance de resultados contra las disidencias de las Farc, el presidente informó sobre la ejecución de la Operación Noah en el municipio de Tibú, Norte de Santander, incursión que dejó un saldo preliminar de cuatro integrantes del grupo armado muertos en desarrollo de operaciones militares, así como un despliegue conjunto del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el centro poblado de Pacarní, zona rural del municipio de Tesalia, en el departamento del Huila. El mandatario ratificó la continuidad de estas acciones afirmando: “No he retrocedido ni voy a hacerlo”.