El Pacto Histórico radicó una acción de tutela contra el CNE tras rechazar el cierre del escrutinio en los consulados sin verificar el material físico de las valijas diplomáticas. La coalición sostiene que consolidar solo con actas digitales afectó las garantías de 600 mil votantes.
El equipo jurídico de la coalición política Pacto Histórico oficializó la radicación de una acción de tutela ante los despachos judiciales competentes con el propósito de amparar los derechos fundamentales a la participación política y al debido proceso electoral. La determinación se dio a conocer luego de que la colectividad manifestara su rechazo unánime frente a la decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dar por cerrado y consolidado el escrutinio de los puestos de votación ubicados en los consulados colombianos en el exterior, prescindiendo de la verificación material de las actas de votación físicas.
De acuerdo con el informe técnico y el comunicado de prensa emitido por el movimiento político, la sala plena del tribunal electoral ejecutó el procesamiento de los resultados amparándose exclusivamente en los formularios que habían sido previamente digitalizados y transmitidos de forma electrónica desde las diversas oficinas consulares. El Pacto Histórico argumentó que dicho procedimiento impidió de manera tajante la confrontación directa entre los datos tabulados en los sistemas informáticos y los documentos electorales originales, un paso que consideran indispensable para legitimar y blindar la expresión soberana de los sufragantes en las urnas extranjeras.
Los voceros de la colectividad enfatizaron que la labor de escrutinio a cargo de las comisiones judiciales no puede limitarse de ninguna manera a una validación mecánica de datos consolidados de forma previa. Según su postura doctrinal, el proceso debe posibilitar un contraste material estricto frente a los documentos físicos, advirtiendo que la metodología aplicada por el CNE bloqueó los canales de control político y ciudadano asignados a los partidos, testigos electorales y agencias supervisoras del Estado. En su criterio, esta omisión lesiona de manera directa los principios constitucionales de transparencia, publicidad, contradicción, trazabilidad, verificabilidad y control que rigen el ordenamiento electoral del país.
Asimismo, el Pacto Histórico constató en su expediente que radicó solicitudes formales ante el CNE, la Procuraduría General de la Nación y las demás delegaciones que integran la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. En dichos requerimientos se instaba formalmente al organismo electoral a congelar el escrutinio del sector exterior hasta tanto no se diera el arribo y desempaque de las valijas diplomáticas contentivas del material físico completo. Pese a que la petición fue sustentada e introducida nuevamente en las audiencias públicas de escrutinio, la solicitud resultó negada en todas las instancias institucionales encargadas de la coordinación del calendario electoral.
Por otra parte, la impugnación administrativa detalla un cuestionamiento directo hacia los fundamentos jurídicos invocados por el tribunal electoral. El Pacto Histórico refutó que el CNE amparara la legalidad de su procedimiento en las disposiciones de la Resolución 2544 de 2026, un acto administrativo que actualmente cursa su propio trámite de revisión en el marco de diversas demandas y acciones contencioso-administrativas ante la jurisdicción judicial. Finalmente, la coalición destacó que el censo de votantes en el exterior superó los 600 mil ciudadanos partícipes en la jornada, un volumen de votos que, bajo su tesis de defensa, ameritaba el despliegue de las máximas garantías de revisión y control físico por parte del Estado colombiano.
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