País - Junio 23 de 2026 - 03:51 PM

Pacto Histórico presentó tutela por el escrutinio de votos en el exterior

El Pacto Histórico radicó una acción de tutela contra el CNE tras rechazar el cierre del escrutinio en los consulados sin verificar el material físico de las valijas diplomáticas. La coalición sostiene que consolidar solo con actas digitales afectó las garantías de 600 mil votantes.

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El equipo jurídico de la coalición política Pacto Histórico oficializó la radicación de una acción de tutela ante los despachos judiciales competentes con el propósito de amparar los derechos fundamentales a la participación política y al debido proceso electoral. La determinación se dio a conocer luego de que la colectividad manifestara su rechazo unánime frente a la decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dar por cerrado y consolidado el escrutinio de los puestos de votación ubicados en los consulados colombianos en el exterior, prescindiendo de la verificación material de las actas de votación físicas.

De acuerdo con el informe técnico y el comunicado de prensa emitido por el movimiento político, la sala plena del tribunal electoral ejecutó el procesamiento de los resultados amparándose exclusivamente en los formularios que habían sido previamente digitalizados y transmitidos de forma electrónica desde las diversas oficinas consulares. El Pacto Histórico argumentó que dicho procedimiento impidió de manera tajante la confrontación directa entre los datos tabulados en los sistemas informáticos y los documentos electorales originales, un paso que consideran indispensable para legitimar y blindar la expresión soberana de los sufragantes en las urnas extranjeras.

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Los voceros de la colectividad enfatizaron que la labor de escrutinio a cargo de las comisiones judiciales no puede limitarse de ninguna manera a una validación mecánica de datos consolidados de forma previa. Según su postura doctrinal, el proceso debe posibilitar un contraste material estricto frente a los documentos físicos, advirtiendo que la metodología aplicada por el CNE bloqueó los canales de control político y ciudadano asignados a los partidos, testigos electorales y agencias supervisoras del Estado. En su criterio, esta omisión lesiona de manera directa los principios constitucionales de transparencia, publicidad, contradicción, trazabilidad, verificabilidad y control que rigen el ordenamiento electoral del país.

Asimismo, el Pacto Histórico constató en su expediente que radicó solicitudes formales ante el CNE, la Procuraduría General de la Nación y las demás delegaciones que integran la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. En dichos requerimientos se instaba formalmente al organismo electoral a congelar el escrutinio del sector exterior hasta tanto no se diera el arribo y desempaque de las valijas diplomáticas contentivas del material físico completo. Pese a que la petición fue sustentada e introducida nuevamente en las audiencias públicas de escrutinio, la solicitud resultó negada en todas las instancias institucionales encargadas de la coordinación del calendario electoral.

Por otra parte, la impugnación administrativa detalla un cuestionamiento directo hacia los fundamentos jurídicos invocados por el tribunal electoral. El Pacto Histórico refutó que el CNE amparara la legalidad de su procedimiento en las disposiciones de la Resolución 2544 de 2026, un acto administrativo que actualmente cursa su propio trámite de revisión en el marco de diversas demandas y acciones contencioso-administrativas ante la jurisdicción judicial. Finalmente, la coalición destacó que el censo de votantes en el exterior superó los 600 mil ciudadanos partícipes en la jornada, un volumen de votos que, bajo su tesis de defensa, ameritaba el despliegue de las máximas garantías de revisión y control físico por parte del Estado colombiano.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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