País - Mayo 06 de 2026 - 04:28 PM

Padre pide ayuda para encontrar a su hija de 13 años desaparecida hace 20 días

María Yeraldín Barragán Urrego de 13 años desapareció el 17 de abril tras salir de su colegio en Kennedy Bogotá. Cámaras muestran que subió a una moto. Su padre quien perdió el trabajo por buscarla denuncia negligencia del detective asignado y pide ayuda para identificar el vehículo involucrado.

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El drama que atraviesa una familia en el suroccidente de Bogotá ha escalado a nivel nacional tras cumplirse diecinueve días desde la desaparición de María Yeraldín Barragán Urrego, una menor de 13 años cuyo rastro se perdió al salir de su jornada escolar.

La situación, que mantiene en vilo a la localidad de Kennedy, ha puesto a prueba la efectividad de la recién implementada Alerta Rosa en el país, en medio de graves denuncias por presunta negligencia en la investigación judicial y el estancamiento de las pesquisas iniciales.

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La última vez que se tuvo noticia de la adolescente fue la tarde del 17 de abril de 2026. Según el reporte oficial y los testimonios recolectados por sus allegados, María Yeraldín abandonó las instalaciones del Colegio Distrital Kennedy vistiendo su uniforme de educación física, compuesto por un saco gris y un pantalón de sudadera color vino tinto.

El indicio más sólido, pero a la vez más angustiante para su progenitor, proviene de los registros de cámaras de seguridad del sector, donde se observa el momento exacto en que la menor aborda una motocicleta tras salir del plantel educativo. El padre de la joven manifestó su temor de que haya sido engañada y ha centrado sus esfuerzos en intentar identificar la placa del vehículo, una tarea que, según sus declaraciones, no ha contado con el respaldo suficiente de los detectives asignados.

Para facilitar la búsqueda y lograr una identificación efectiva, las autoridades y familiares han difundido una reseña morfológica detallada. María Yeraldín mide 1,60 metros de estatura, es de contextura delgada, tiene la tez trigueña y posee ojos y cabello negros, este último largo y liso. La fotografía circulada por la Policía Metropolitana de Bogotá corresponde a una imagen reciente de la menor antes de su desaparición.

La búsqueda incesante ha tenido un costo personal devastador para el padre de la joven. Ante la urgencia de recorrer las calles y presionar a las instituciones, el hombre perdió su empleo debido a las ausencias laborales necesarias para la búsqueda. Sin familiares cercanos en la ciudad, su red de apoyo se ha reducido a ciudadanos particulares conmovidos por su situación.

Debido a que no sabe leer ni escribir, el progenitor optó por grabar un video que se ha hecho viral en redes sociales, donde clama por la intervención directa de la Sijín. En su mensaje, denuncia que el investigador encargado ha desestimado las pruebas aportadas bajo el argumento de tener una excesiva carga de trabajo, una respuesta que la familia considera inaceptable dada la vulnerabilidad de la menor.


Este caso se registra en un contexto de crisis de seguridad para los menores en Colombia. Tras un año 2025 que cerró con 5.397 reportes de personas desaparecidas según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Gobierno Nacional activó a finales de abril de 2026 la Alerta Rosa. Este protocolo busca la articulación inmediata de todas las fuerzas del Estado para la localización de niñas, niños y mujeres, evitando que las primeras horas se pierdan en trámites burocráticos. Las autoridades instan a cualquier ciudadano que tenga información sobre el paradero de María Yeraldín o sobre la motocicleta involucrada a comunicarse a la línea 3057684645 o al correo mebog.sijin-per@correo.policia.gov.co, bajo garantía de absoluta reserva.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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