País - Julio 06 de 2026 - 05:27 PM

¡Un monstruo! Abusó de todas sus hijastras, tres niñas de 13, 14 y 15 años

Un hombre fue capturado en Usme, Bogotá, tras ser señalado de abusar sexualmente de sus tres hijastras de 13, 14 y 15 años durante tres años. Los hechos comenzaron en Bello, Antioquia, en 2023, y continuaron hasta mayo de 2026. El procesado fue enviado a prisión por acceso carnal violento agravado.

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En un contundente operativo desplegado por la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Usme, fue capturado un hombre señalado de ser el responsable de una serie de agresiones sexuales y maltratos sistemáticos contra sus tres hijastras. Las víctimas, tres hermanas de 13, 14 y 15 años, una de las cuales presenta una condición de discapacidad cognitiva, habrían soportado un ciclo de violencia física, psicológica y sexual que se prolongó, según las investigaciones preliminares, durante los últimos tres años.

El expediente judicial detalla que los vejámenes iniciaron en el año 2023, cuando el núcleo familiar residía en el municipio de Bello, Antioquia. Desde el primer episodio de violencia, el presunto agresor instauró un esquema de dominación basado en la manipulación y la coacción, utilizando amenazas constantes para silenciar a las menores. El individuo intimidaba a las hermanas advirtiéndoles que, de llegar a revelar los abusos ante alguna autoridad o familiar, las expulsaría de su hogar, dejándolas en una situación de desamparo total.

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La continuación del horror y el momento del quiebre

A pesar del traslado de la familia a la ciudad de Bogotá, el ciclo de agresiones no se detuvo; por el contrario, el sospechoso mantuvo su conducta abusiva en el nuevo entorno residencial. La Fiscalía General de la Nación logró determinar, mediante labores investigativas, que el último evento de abuso sexual tuvo lugar el pasado 23 de mayo de 2026. Este episodio marcó un punto de inflexión, ya que una de las víctimas, superando el miedo paralizante que le habían impuesto, finalmente logró romper el silencio y denunciar la situación.

La respuesta de las autoridades fue inmediata tras la revelación de estos hechos. Una vez la Fiscalía obtuvo los elementos probatorios suficientes, se coordinó la captura del individuo en la localidad de Usme. Durante el procedimiento de arresto, los uniformados notificaron al hombre sobre los cargos que pesaban en su contra y los motivos de su detención, trasladándolo posteriormente ante las instancias judiciales para dar inicio al proceso de imputación de cargos.

Imputación de cargos y medida de aseguramiento

En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó al procesado el cargo de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, dada la reiteración de los abusos contra las tres menores y la agravante que representa la discapacidad cognitiva de una de ellas.

El juez de control de garantías, tras evaluar el material probatorio presentado por el ente acusador y considerando el alto riesgo que representaba el imputado para la integridad de las víctimas, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta decisión judicial no solo garantiza la continuación del proceso penal para que el individuo responda por sus actos, sino que también establece un marco de protección para que las tres hermanas puedan iniciar su proceso de recuperación y reparación.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana han aprovechado este caso para exhortar a la ciudadanía a mantener una vigilancia activa sobre cualquier situación que vulnere la integridad de los menores de edad. Las autoridades recordaron que los canales de denuncia son permanentes y seguros, estando a disposición del público la línea 123, la línea 141 (protección de niños, niñas y adolescentes), la línea 155 (orientación a mujeres víctimas de violencia) y las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).


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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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