Santander - Marzo 02 de 2026 - 10:35 AM

“Santander está en cuidados intensivos”: Diego Fran reclama abandono del Gobierno Nacional

Diego Fran Ariza afirmó que “Santander está en cuidados intensivos” por la baja inversión nacional y anunció un proyecto de ley para que los impuestos recaudados en la región se reinviertan en el departamento. El candidato busca mayor autonomía fiscal.

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El candidato a la Cámara de Representantes por Santander, Diego Fran Ariza, lanzó una advertencia contundente sobre la situación financiera del departamento y cuestionó la distribución de la inversión nacional en los territorios. En un pronunciamiento público, aseguró que “Santander está en cuidados intensivos” y anunció que, de llegar al Congreso, impulsará un proyecto de ley para garantizar que una parte significativa de los impuestos recaudados en cada región sea reinvertida en ese mismo territorio.


Avalado por el Partido de La U y con el número 107 en el tarjetón, Ariza sostuvo que Santander atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de inversión del Gobierno Nacional, pese a ser la cuarta economía más sólida del país. Recordó que en 2024 el departamento aportó cerca de 109 billones de pesos al Producto Interno Bruto nacional, equivalentes al 6,4% del total, mientras que —según sus cifras— la retribución en inversión no alcanza el 0,8%.


El aspirante afirmó que existe una desproporción histórica entre lo que produce la región y los recursos que recibe. Desde su experiencia como concejal de Bucaramanga, contralor departamental y secretario de Hacienda, señaló que ha auditado las finanzas de los 87 municipios y que el 92% de ellos pertenecen a sexta categoría, lo que implica una alta dependencia de transferencias nacionales y limitadas capacidades presupuestales propias.


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Ariza también cuestionó el manejo de los peajes administrados por el Invías, al considerar que solo una fracción de los recursos recaudados retorna al departamento en inversión vial. En ese contexto, planteó como eje central de su campaña una reforma orientada a fortalecer la descentralización fiscal y la autonomía regional.

“Si Santander produce, Santander debe recibir”, afirmó el candidato, quien enfatizó que su propuesta no busca privilegios, sino justicia territorial. Aseguró que los recursos reinvertidos permitirían fortalecer infraestructura vial, hospitalaria y educativa, así como impulsar la economía popular y la generación de empleo.

Con más de tres décadas de trayectoria en el sector público, Diego Fran Ariza ha ocupado cargos como director de Espacio Público de Bucaramanga, subdirector de la CDMB, contralor departamental y secretario de Hacienda de Santander. Su perfil combina formación como contador público, especialización en finanzas públicas, maestría en gestión pública y experiencia como docente universitario.



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El aspirante también hizo un llamado a la unidad regional para respaldar una agenda legislativa enfocada en recuperar capacidad de decisión y mayores recursos para el departamento. En su discurso, destacó que su candidatura responde a un sentimiento ciudadano frente a lo que considera una falta de reciprocidad en la inversión nacional.

Desde sus orígenes en el barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga, Ariza ha construido un relato político ligado a la escuela pública y al trabajo familiar. A sus 50 años, padre de dos hijas y con dos décadas de matrimonio, sostiene que el servicio público es una responsabilidad y no un privilegio. Su mensaje insiste en la pedagogía fiscal, explicando cómo incluso los ciudadanos sin bienes formales contribuyen al Estado a través del consumo y el pago de impuestos como el IVA.

En medio de una campaña marcada por la discusión sobre reformas estructurales y descentralización, Diego Fran Ariza busca posicionarse como una voz que promueve mayor autonomía regional y control político desde el Congreso, con la promesa de traducir el aporte económico de Santander en inversión tangible para sus municipios.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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